Deberíamos temblar cada vez que vemos a un político con un casco de obra…
El barrio de Rabasa, en Alicante, es el escenario de una nueva promoción de 34 viviendas adosadas que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento presentan como un gran avance del llamado «Plan Vive», en colaboración con la empresa constructora Urbania-Vivasal. Sin embargo, tras el escaparate de la eficiencia energética, los acabados de calidad y los parques infantiles, lo que se oculta es la ausencia de un verdadero modelo de vivienda pública y no especulativa.
Con una inversión de 2,8 millones de euros y una ejecución prevista de 24 meses, estas viviendas se alquilarán a precios “muy por debajo del mercado”: desde 580 euros mensuales. ¿En qué universo es eso asequible para jóvenes precarios o familias monoparentales, cuando el salario medio en Alicante apenas alcanza para cubrir alquiler, suministros y vida básica? ¿De verdad podemos hablar de política social cuando el precio parte de esa base y no se garantiza que esas viviendas queden protegidas de la especulación a largo plazo?
A pesar de las declaraciones del alcalde Luis Barcala sobre su “compromiso real” con la emergencia habitacional, los datos hablan de otra cosa. Se celebran promociones de apenas unas decenas de viviendas mientras se presumen proyectos privados en zonas como Lomas de Garbinet o La Albufereta, donde se construyen más de 3.400 pisos, pero con un vago compromiso del 40% para vivienda de protección pública, sin detalles claros de qué significa eso a medio y largo plazo. ¿Protección pública por cuánto tiempo? ¿Con qué precios? ¿Con qué garantías de acceso para las familias trabajadoras?
Incluso las promociones “públicas” en barrios como San Blas o San Gabriel son testimoniales frente al volumen total de la necesidad habitacional. En lugar de apostar por un parque de vivienda 100% pública, en alquiler permanente, con rentas vinculadas a los ingresos y sin posibilidad de venta, se perpetúa un modelo mixto y poco transparente que favorece al sector privado y mantiene al inquilino en una permanente incertidumbre.
Mientras tanto, se presume de programas como el Bono Alquiler Joven, que apenas parchean una situación estructural de precariedad sin atacar las causas de fondo: la falta de una política firme contra la especulación, la ausencia de limitación efectiva de precios de alquiler y la dependencia del mercado privado para resolver un derecho fundamental como es la vivienda.
Rabasa no es el ejemplo de una solución, sino el reflejo de una política fallida que se presenta como social mientras sigue jugando con las reglas del mercado. Si de verdad se quisiera garantizar el derecho a la vivienda, se prohibiría la compraventa especulativa de estos inmuebles, se fijarían alquileres en función de los ingresos y se aumentaría de forma drástica el parque público. Mientras eso no ocurra, lo de Rabasa será más fachada que fondo.
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