El próximo 1 de mayo entra en vigor el nuevo concierto sanitario de MUFACE, el sistema que otorga a los funcionarios del Estado la posibilidad de elegir entre sanidad pública o seguros privados, en condiciones muy ventajosas respecto al resto de la población. Adeslas y Asisa serán las aseguradoras que prestarán servicio durante los próximos años, tras la salida de DKV, que ha abandonado el sistema alegando pérdidas económicas. Todo esto llega en un contexto en el que el Estado ha incrementado la financiación del modelo en un 41% en apenas tres años, alcanzando un volumen de 4.500 millones de euros.
Este incremento, lejos de invertirse en una sanidad pública cada vez más tensionada y deteriorada, se destina a mantener e incluso mejorar las coberturas privadas para cerca de 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios. Se perpetúa así un sistema paralelo y privilegiado que muchos sectores sociales cuestionan, especialmente cuando las listas de espera y la falta de personal siguen afectando a la mayoría de ciudadanos que solo pueden recurrir al sistema público.
Los mutualistas tendrán todo el mes de mayo para decidir si continúan con Adeslas o Asisa o si, por el contrario, optan por la sanidad pública. Aquellos que no comuniquen un cambio seguirán recibiendo asistencia como hasta ahora. En este periodo especial, MUFACE ha anunciado que facilitará el trámite por medios electrónicos y presenciales, aunque advierte que cambiar de entidad durante un tratamiento médico podría suponer la interrupción del mismo.
DKV se va, 200.000 mutualistas cambian por obligación
La aseguradora DKV ha decidido no renovar su participación en MUFACE, argumentando que el modelo está “infrafinanciado” y que acumula importantes pérdidas. Esta decisión forzará a casi 200.000 funcionarios a cambiar de aseguradora o a pasar a la sanidad pública. En este caso, si no se realiza ningún trámite, se les asignará automáticamente al INSS, aunque el cambio no será efectivo hasta el 1 de junio.
Un sistema desigual en tiempos de crisis sanitaria
La situación ha reavivado el debate sobre la dualidad en el acceso a la sanidad. Mientras la sanidad pública sufre un deterioro progresivo y reclama recursos urgentes, los funcionarios conservan el privilegio de elegir entre sanidad pública y privada a costa del erario. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto que los nuevos funcionarios se integren directamente en la sanidad pública y que el modelo MUFACE pase a ser voluntario.
El Gobierno, sin embargo, ha optado por reforzar este sistema excepcional, restaurando incluso el modelo de doble ventana de cambio (mayo y junio), eliminado en 2022, lo que demuestra una voluntad clara de mantener los privilegios intactos.
A medida que la ciudadanía exige mayor inversión y mejoras en la sanidad pública, resulta llamativo el esfuerzo presupuestario dedicado a un modelo que beneficia exclusivamente a un grupo concreto, perpetuando desigualdades difíciles de justificar en una sociedad que busca equidad en el acceso a servicios esenciales como la salud.
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