Acceder a una vivienda en propiedad en Alicante se ha convertido en un reto inalcanzable para buena parte de la juventud. Si en los años 90 bastaban menos de cuatro años de sueldo íntegro para comprar un piso medio, hoy esa cifra se ha disparado. Un joven alicantino necesita ahora entre siete y diez años de salario completo para aspirar a una vivienda similar a la que pudieron adquirir sus padres. Y eso, si logra siquiera ahorrar para una entrada, en un contexto de alquileres desorbitados y precariedad laboral.
Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y el INE, el precio del metro cuadrado en Alicante ciudad ha crecido más de un 200% desde 1995, mientras que los sueldos juveniles apenas han subido un 30% en ese mismo periodo. El desequilibrio ha generado un mercado excluyente, donde el acceso a la propiedad es cada vez más elitista.
La situación se agrava por fenómenos como la gentrificación del centro histórico, El Pla o Carolinas, impulsada por la inversión especulativa y el auge de las viviendas turísticas. Plataformas como Airbnb han contribuido de forma notable a la expulsión de residentes locales: según datos de Inside Airbnb, en 2024 había más de 4.000 pisos turísticos activos en Alicante, y buena parte de ellos operaban sin licencia. Esto ha reducido drásticamente la oferta de alquiler residencial y disparado los precios.
Hoy, el alquiler medio en Alicante supera los 850 euros mensuales, una cifra que en muchos casos representa más del 60% del salario neto de un joven. El Consejo de la Juventud advierte que gastar más del 30% del ingreso en vivienda compromete la autonomía financiera, pero en Alicante ese umbral hace tiempo que se superó. La emancipación juvenil se retrasa cada vez más, y la edad media para independizarse roza ya los 31 años.
Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Alicante ha mostrado una falta alarmante de medidas efectivas. A diferencia de otras ciudades, aquí no se han planteado topes al alquiler, ni se ha impulsado un plan ambicioso de vivienda pública. La construcción de vivienda social es casi simbólica: según cifras municipales, no se han entregado ni 200 nuevas unidades en los últimos cinco años. Tampoco hay un plan concreto para reconvertir los pisos turísticos en viviendas residenciales, pese a las promesas de regular el sector.
Mientras tanto, los jóvenes alicantinos —incluso quienes tienen empleos estables— se ven atrapados en un ciclo de alquiler privado sin posibilidad de ahorrar. “Hoy necesitas no solo un buen sueldo, sino además ayuda familiar o una herencia para comprar”, explica la socióloga urbana Lucía Romero. “Es un sistema que excluye a la mayoría y perpetúa las desigualdades”.
El Banco de España ya ha alertado de las consecuencias: la nueva generación acumula mucha menos riqueza que la anterior. Sin acceso a la propiedad, sin vivienda pública y con alquileres desorbitados, el futuro patrimonial de miles de jóvenes alicantinos está en juego. Y con él, también la cohesión social de una ciudad cada vez más expulsiva.
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