Alicante se prepara para otro noviembre marcado por las compras compulsivas del Black Friday, una tradición importada que, lejos de beneficiar a la mayoría, consolida un modelo económico basado en la precariedad y el consumo desmedido.
Según las previsiones de Randstad, la campaña de descuentos generará cerca de 3.800 contrataciones en la provincia de Alicante, un 5% menos que el año pasado. A primera vista, la cifra puede parecer positiva, pero detrás de estos números se esconde una realidad menos brillante: empleos temporales, mal pagados y concentrados en apenas unos días.
El auge de este evento, que se ha instalado entre Halloween y Reyes, ha transformado el calendario comercial en una cadena continua de estímulos para consumir. Y aunque pueda parecer una oportunidad para los comercios, la sostenibilidad —social, laboral y ambiental— se resiente profundamente.
El grueso de los contratos se concentra en transporte, logística y comercio, sectores donde predominan la eventualidad y la presión por cumplir objetivos en tiempo récord. Mozos de almacén, repartidores, empaquetadores o dependientes temporales sostienen, durante unas semanas, un engranaje que se apaga tan rápido como se enciende.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue celebrando estas cifras como un “impulso para la economía local”. Pero lo cierto es que se trata de una economía efímera y desigual, que beneficia sobre todo a grandes plataformas y cadenas internacionales.
En un contexto de crisis climática y saturación de recursos, promover el consumo masivo bajo la apariencia de oportunidad no es más que un espejismo. El Black Friday no solo no nos “reactiva”: nos acostumbra a gastar más, trabajar peor y pensar menos.
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