En Alicante hemos llegado al punto de multar y sancionar a quienes no tienen nada. No es una metáfora ni un recurso literario: es el síntoma más evidente de un modelo de ciudad que prefiere esconder la pobreza antes que combatirla. Una ciudad que se enorgullece en Instagram de su sol y sus terrazas mientras mira hacia otro lado cuando la realidad se tumba en sus aceras.
El sinhogarismo en Alicante se ha disparado. No hablamos ya de perfiles cronificados ni de historias aisladas: hablamos de jóvenes, mujeres, trabajadores precarios e incluso personas con empleo que no pueden asumir alquileres cuyo precio bordea lo obsceno. Hablamos de migrantes sin papeles atrapados en un limbo administrativo que les niega empadronamiento, residencia o acceso laboral. Hablamos de vecinos como cualquiera, pero con un punto más de mala suerte o un salario menos digno.
Porque nadie cae a la calle por un único motivo. La calle es el resultado de una suma: precariedad laboral, alquileres imposibles, gentrificación que expulsa, redes familiares rotas, salud mental desatendida, trámites que eternizan la exclusión. La calle es un destino colectivo, no individual. Pero seguimos fingiendo que es una elección personal, como si alguien decidiera libremente convertirse en invisible.
Las ONG de la ciudad denuncian lo que cualquiera puede ver si pasea sin filtros ni auriculares: no hay recursos suficientes, no hay plazas de acogida, no hay vivienda pública y no hay políticas que frenen la caída. Apenas un centro con unas pocas decenas de camas y la voluntad —casi heroica— de asociaciones y voluntarios. El resto, desamparo. Y aun así, se penaliza al que duerme donde puede. Esta es la aporofobia de los tiempos del postureo: limpiar la foto, no la ciudad.
Mientras, la gentrificación avanza como una ola silenciosa. Pisos turísticos que devoran barrios enteros, sueldos que se mantienen inmóviles pese a una inflación que exprime a las familias, jóvenes expulsados del casco urbano porque el mercado inmobiliario ha decidido que no son rentables. El ascensor social no solo está roto: hay quien se empeña en soldarlo al suelo.
En este contexto, la respuesta institucional es mínima o inexistente. Se pide a las ONG que hagan milagros, pero no se les da estructura, financiación ni respaldo. Se insiste en discursos de responsabilidad individual que solo sirven para ocultar la responsabilidad colectiva. Y se tolera que la ciudad avance hacia un modelo donde solo caben quienes pueden pagar el precio de existir.
Mientras tanto, la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar sale a la calle (hoy, jueves, a las 19.00h, en la Plaza del Ayuntamiento) para recordar que hay cientos de personas viviendo sin techo, cada una con una historia que debería incomodarnos. Organizan una acampada simbólica para que, aunque sea por una noche, la ciudadanía se acerque a esa realidad que prefiere desplazar.
No es un problema de marginalidad. Es un problema de derechos. Y es un síntoma de un país donde las políticas de derechas han convertido la exclusión en un daño colateral aceptable. La pobreza se persigue en vez de prevenirse. La calle se criminaliza en vez de entenderse. Y el mensaje implícito es tan claro como cruel: si no encajas en el modelo de ciudad rentable, sobras.
Alicante merece algo mejor. Y quienes duermen en sus bancos, también.
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