Cuando el humo aún no se ha disipado y los teléfonos buscan desesperadamente una salida, siempre aparece alguien dispuesto a poner precio al miedo. Tras la tragedia de Adamuz —billetes disparados, plazas evaporadas, hoteles convertidos en lingotes— el Gobierno ha decidido intervenir. Un real decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros limitará las subidas de precios en situaciones de emergencia. La urgencia ya no podrá cotizar en bolsa.
La norma es clara en su arquitectura y severa en su intención: en momentos críticos, los precios dinámicos no podrán superar el máximo que ese servicio haya alcanzado en los últimos treinta días, ni podrán situarse más de un 50% por encima de la media de ese periodo. Es un dique técnico frente a una pulsión vieja como el comercio: vender más caro cuando el otro no tiene alternativa. El mercado deja de ser soberano cuando la necesidad se convierte en rehén.
No se trata solo de incendios o catástrofes declaradas. Será el Consejo de Ministros quien determine cuándo concurren circunstancias excepcionales: accidentes, emergencias técnicas, fuerza mayor. El poder político se reserva la potestad de activar el freno. La excepcionalidad ya no la decidirá el algoritmo, sino el Boletín Oficial.
La medida obliga además a la transparencia: los comercializadores podrán verse forzados a informar sobre la horquilla de precios aplicada en el último mes. Saber cuánto costaba ayer lo que hoy parece inalcanzable. Porque el abuso prospera en la opacidad y se avergüenza ante la memoria. Recordar el precio es una forma de resistencia.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lo expresó sin rodeos: impedir que se “haga caja” explotando la vulnerabilidad del usuario. La frase es directa, casi áspera. Y señala algo incómodo: en cada emergencia hay quien pierde y quien calcula. La ética no puede depender del margen de beneficio.
El decreto, sin embargo, no pretende asfixiar la oferta. Permitirá incrementos cuando estén objetivamente justificados —si suben los costes o si el aumento del precio contribuye a ampliar la disponibilidad— siempre que no se engorden los márgenes empresariales. Es un equilibrio frágil entre intervención y mercado, entre protección y funcionamiento económico. Regular no es abolir: es poner límites donde la conciencia no basta.
La pregunta que queda flotando no es jurídica, sino moral. ¿Necesitábamos una ley para recordar que no se comercia con el desamparo? Quizá sí. Quizá la experiencia de Adamuz haya demostrado que la autorregulación es un espejismo cuando la demanda tiembla y la oferta escasea. En tiempos de emergencia, el precio revela quiénes somos.
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