- Manifestación convocada para el miércoles 25 de febrero
Hay ciudades que se desangran en silencio. No hacen ruido cuando expulsan a sus vecinos; no tiemblan cuando el alquiler se vuelve inalcanzable; no se ruborizan cuando la vivienda pública —esa que debería ser un dique frente al abuso— se gestiona entre sombras. Alicante es hoy una de esas ciudades. En realidad lleva muchos años siéndolo…
Porque, mientras los precios del alquiler siguen escalando al ritmo del turismo desbocado y la inversión especulativa, mientras fondos y propietarios convierten pisos en activos y barrios en escaparates, la vivienda pública —la única herramienta real de equilibrio— aparece envuelta en sospechas. Y lo que debería ser política social se ha convertido en motivo de indignación colectiva.
El movimiento vecinal lo dice sin eufemismos: «No estamos ante errores administrativos aislados. Estamos ante una forma de gobernar. Ante una gestión opaca que, pese a las advertencias previas, ha seguido su curso sin transparencia ni rendición de cuentas». Y, por eso, el día 25 de febrero, a las 18.30h en la Plaza del Ayuntamiento, más de 80 asociaciones han convocado una manifestación para dejar claro que este no es el Alicante que queremos.
Las advertencias ignoradas
En mayo y junio de 2024, decenas de asociaciones vecinales solicitaron formalmente al alcalde, Luis Barcala, explicaciones sobre la política municipal de vivienda pública: criterios de adjudicación, alquiler social, planificación, prioridades por barrios. No pedían privilegios. Pedían información.
No hubo respuesta. Ni reuniones. Ni documentos. Ni compromisos. Todo lo contrario… El silencio institucional imperante no es neutral: es una forma de poder. Y cuando la vivienda pública se administra sin control ciudadano, sin participación vecinal y sin auditorías independientes, lo que se erosiona no es solo la confianza: es la legitimidad.
La consecuencia, cada vez más visible, es que Alicante vive una paradoja incómoda. Se promociona como destino internacional, se multiplican las inversiones inmobiliarias, crecen los apartamentos turísticos y los precios se disparan. Pero al mismo tiempo, cientos de familias no pueden acceder a un alquiler estable.
Resulta que esos que fardan de Constitucionalismo, ignoran que en el artículo 47 dice que la vivienda pública no es una concesión ni un favor político. De hecho, debería ser una política esencial en cualquier ciudad que aspire a llamarse justa. Su gestión exige criterios objetivos, igualdad de acceso y mecanismos de control claros.
Cuando esos principios fallan —o cuando simplemente no se explican— la sospecha ocupa el lugar de la confianza. Y en una ciudad tensionada por la especulación, la opacidad no es un detalle técnico: es una herida política, que vuelve a convertirnos en triste portada de lo que gracias a esta gentuza que escurre el bulto y encima se ofende, niega la mayor y sigue su vida como si no hubiera pasado nada.
Lo que exige el movimiento vecinal
El comunicado hecho público el 17 de febrero es contundente. Las asociaciones reclaman:
- Una auditoría inmediata, completa e independiente de todos los procesos de adjudicación de vivienda pública.
- La paralización cautelar de las adjudicaciones bajo sospecha.
- La creación urgente de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal real y vinculante.
- La elaboración y publicación de un plan municipal de vivienda social con calendario, financiación y prioridades claras.
- Y, sobre todo, la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel.
No es una lista maximalista. Es un programa mínimo de transparencia democrática.
¿Por qué el 25 de febrero?
La manifestación convocada para el próximo miércoles 25 de febrero no es un gesto simbólico más. Es la consecuencia directa de dos años de advertencias ignoradas y de una sensación creciente de que las decisiones sobre vivienda se toman de espaldas a la ciudadanía.
El movimiento vecinal ha dejado claro que no acepta que las alertas ciudadanas solo se escuchen cuando estalla un escándalo. Que lo ocurrido era evitable. Que había señales. Que hubo solicitudes formales. Que hubo tiempo. Y que ahora se deben acatar las responsabilidades pertinentes y llegar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga (y no como lo vende Barcala, sino con la transparencia que nunca ha tenido su gestión).
Porque estando la situación como está, el debate no es solo jurídico ni administrativo. Es moral. Y se acumulan las preguntas: ¿Puede una ciudad permitir que su parque de vivienda pública se gestione sin transparencia mientras el mercado expulsa a sus propios vecinos? ¿Puede el Ayuntamiento ignorar durante meses solicitudes formales de diálogo sobre una cuestión tan sensible? ¿Puede llamarse política social a lo que no admite control social?
La vivienda es hoy el campo de batalla más visible entre el derecho y el negocio. Y en Alicante, esa batalla ya no es abstracta: tiene nombres, barrios, buitres declarados, desahuciados-as y fechas.
El 25 de febrero no se manifestarán solo asociaciones. Se manifestará una idea de ciudad. Una que reclama luz donde ahora hay sombra. Porque cuando la vivienda pública se convierte en terreno opaco, no estamos ante un problema técnico. Estamos ante una crisis de confianza.
Y la confianza, una vez rota, no se repara con comunicados. Se repara con responsabilidades.
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