La ciudad de Alicante atraviesa un aumento sostenido del sinhogarismo, con alrededor de 300 personas durmiendo en la calle. Son 75 más que hace poco más de una década, en un contexto marcado por la crisis habitacional. El fenómeno no solo crece, sino que afecta cada vez a personas más jóvenes, evidenciando una tendencia estructural que las administraciones no están logrando contener.
El encarecimiento del alquiler se sitúa en el centro del problema. El precio de la vivienda ha subido cerca de un 70 % en cinco años, expulsando a una parte creciente de la población del mercado residencial. Mientras tanto, las políticas públicas siguen sin intervenir de forma eficaz en un mercado tensionado, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un reto inasumible para muchos.
Uno de los factores que agrava esta situación es el modelo de vivienda en la ciudad. Una parte significativa del parque inmobiliario permanece vacío o se destina al alquiler turístico, reduciendo aún más la oferta disponible para residentes. A esto se suma la compra de viviendas como inversión, lo que contribuye a una presión constante al alza en los precios y a la expulsión de vecinos. La falta de regulación efectiva de los pisos turísticos sigue siendo uno de los grandes vacíos de la política local.
Las consecuencias son directas: cada vez más personas se quedan literalmente sin sitio donde vivir. Incluso el acceso a una habitación se complica, con prácticas abusivas como el cobro de cantidades adicionales para permitir el empadronamiento. Este requisito administrativo es clave, ya que sin él se bloquea el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o las ayudas sociales.
El perfil de las personas sin hogar muestra además una realidad compleja. Predominan hombres de alrededor de 40 años, sin empleo estable y con redes sociales debilitadas, muchos de ellos arrastrando situaciones de vulnerabilidad desde etapas tempranas. Sin embargo, la falta de vivienda actúa como detonante definitivo hacia la exclusión.
El problema ya no se limita a los sectores más vulnerables. Cada vez más personas se endeudan para poder alquilar, mientras que la compra de vivienda resulta inalcanzable. La presión inmobiliaria ha alcanzado incluso a barrios tradicionalmente más accesibles, evidenciando que la crisis se ha extendido a toda la ciudad.
Ante este escenario, las entidades sociales reclaman un cambio urgente. La ausencia de un plan público sólido y de medidas reales para aumentar la vivienda disponible agrava la emergencia habitacional, mientras los recursos actuales siguen siendo claramente insuficientes. La respuesta institucional, denuncian, no está a la altura de un problema que ya afecta a cientos de personas.
En paralelo, la red de atención presenta carencias importantes. Los servicios públicos disponibles no cubren la demanda existente, obligando a que gran parte de la atención recaiga en entidades sociales. La situación refleja un sistema tensionado en el que, mientras crece la exclusión, la ciudad sigue perdiendo vivienda residencial en favor del uso turístico.
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