El Gobierno municipal y la oposición han llegado finalmente a un acuerdo para reforzar la ampliación de la moratoria sobre licencias para apartamentos turísticos. Este entendimiento, aunque tardío, supone un paso importante hacia una regulación más efectiva de las viviendas de uso turístico, pero no debería quedarse aquí: se necesitan más pactos en otras materias clave para la ciudad.
El acuerdo se traducirá en una declaración institucional que se someterá a votación en el Pleno del 31 de julio, incluyendo una serie de medidas complementarias a la moratoria vigente. Aunque ya existía apoyo suficiente para su aprobación, el Gobierno local ha mostrado disposición a incorporar algunas propuestas planteadas por la oposición, reconociendo que contribuyen positivamente al interés general.
Desde el área de Urbanismo se insiste en que la moratoria no es más que un punto de partida, útil para analizar la situación por barrios y tomar decisiones informadas. En esta línea, se valora cualquier aportación constructiva que ayude a garantizar el acceso a la vivienda, proteger la identidad de los barrios, apoyar al comercio local y encontrar un equilibrio entre el uso residencial y turístico.
Entre las medidas acordadas se encuentra la adhesión al convenio autonómico que permitirá al municipio gestionar sanciones por infracciones relacionadas con apartamentos turísticos antes de que acabe el año. También se contempla la elaboración de un estudio y la correspondiente propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, para impedir nuevos apartamentos turísticos en bajos comerciales de los barrios más afectados.
Además, se publicará en la web del Patronato de Turismo un listado actualizado de los apartamentos turísticos que cumplen con la normativa vigente, y se pondrá en marcha una mesa técnica contra el intrusismo en el alojamiento turístico, con participación de representantes del sector, para luchar contra la competencia desleal y la economía sumergida.
Por último, se adoptarán medidas para fomentar la construcción de vivienda y se avanzará en la declaración de construcción o rehabilitación forzosa en suelos urbanos consolidados, con el fin de ampliar el parque de vivienda disponible en la ciudad.
Este acuerdo, aunque necesario, llega con retraso. La ciudad necesita una estrategia decidida y sostenida, y este no debería ser el único punto de encuentro entre quienes tienen la responsabilidad de gobernar y quienes tienen la obligación de hacer propuestas útiles para la ciudadanía.
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