Mientras el Ayuntamiento de Alicante se niega siquiera a pronunciar la palabra «gentrificación», la ciudad se convierte, mes a mes, en un lugar cada vez más inaccesible para quienes intentamos vivir en ella. El último informe de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) revela un dato tan demoledor como ya evidente para cualquiera que haya buscado piso en los últimos tiempos: la provincia arrastra un déficit de más de 31.000 viviendas en los últimos cinco años. Y la mayoría de las nuevas construcciones ni siquiera están pensadas para quienes residimos aquí.
En 2024 se construyeron apenas 5.914 casas frente a una demanda de más de 15.000 nuevos hogares. La aritmética no engaña: la oferta local no cubre ni un tercio de las necesidades reales. Y si encima dos de cada tres viviendas nuevas acaban en manos de compradores extranjeros o se destinan a la especulación turística, el problema deja de ser estructural para ser deliberado. Alicante está dejando de ser una ciudad para vivir, y se está convirtiendo en una postal de Airbnb.
Los precios del alquiler —en algunos barrios— prácticamente se han duplicado en pocos años. El centro histórico, antaño corazón vivo de la ciudad, es ahora un escaparate para visitantes de paso. Cada vez hay más turistas y menos alicantinos paseando por el centro. Las tiendas de barrio cierran para dar paso a locales de brunch. Los supermercados se encarecen. Y el salario medio sigue clavado, sin subir al ritmo vertiginoso de los precios.
El Ayuntamiento insiste en negar lo evidente: que este desequilibrio no es casual, sino consecuencia directa de un modelo de ciudad que prioriza el beneficio inmobiliario sobre el derecho a la vivienda. No hay una política clara de vivienda pública. No se limitan las viviendas turísticas. No se activa suelo para alquiler asequible. Y mientras, la población joven se ve empujada a la periferia o al exilio.
El estudio alerta de lo que se viene: hogares cada vez más pequeños, más caros, más escasos y más inadecuados para las nuevas realidades sociales. Y a esto se suma el envejecimiento de la población, la emancipación tardía y los nuevos modelos familiares que demandan más, no menos, viviendas dignas.
Pero nada cambia. En lugar de anticipar soluciones, el Ayuntamiento se escuda en la inercia y en los ciclos del mercado. El resultado: una ciudad donde vivir se convierte en un lujo, mientras el discurso oficial sigue anclado en la complacencia de las cifras turísticas.
Alicante no necesita más promociones de lujo con vistas al mar. Necesita barrios donde vivir no sea un privilegio. Y necesita, sobre todo, una política urbana que reconozca de una vez por todas que la vivienda no es un negocio, sino un derecho.
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