Alicante perderá hasta 36 hectómetros cúbicos de agua al año

• Las nuevas reglas de explotación elevan los requisitos para trasvasar agua, lo que reduce los caudales disponibles para la provincia incluso en años secos

El Ministerio para la Transición Ecológica ha introducido cambios en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que supondrán un nuevo golpe a la disponibilidad de agua para el sureste español. En particular, la provincia de Alicante verá reducidos sus recursos hídricos procedentes del Tajo hasta en 36 hectómetros cúbicos al año, una cantidad que equivale aproximadamente al consumo anual de agua de 720.000 personas.

Los cambios se han dado a conocer durante la Comisión de Explotación del trasvase, que tuvo que ser suspendida a causa del apagón eléctrico que afecta a gran parte del país. A pesar de la interrupción, se presentó un informe clave del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que establece las nuevas reglas que regirán los futuros trasvases.

Cambios técnicos con fuertes consecuencias

Las nuevas normas elevan de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos el volumen necesario en los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder aprobar los trasvases máximos (nivel 1), lo que limita la frecuencia de trasvases completos de 60 hm³ mensuales. En la práctica, ni siquiera en los momentos actuales de abundancia hídrica se podrán autorizar los volúmenes máximos previstos.

Además, en el nivel 2 —el más habitual, según los datos históricos— el caudal mensual autorizado pasará de 27 a 24 hm³, lo que a lo largo del año supone un recorte medio de 36 hm³ anuales, tal y como reconoció el propio presidente de los municipios ribereños, Borja Castro.

En el nivel 3, el más restrictivo, también se limita la flexibilidad: los trasvases dejarán de ser decididos caso por caso por el Ministerio, y pasarán a ser automáticos de 11 hm³, eliminando la posibilidad de ajustar los caudales según necesidades concretas o urgencias de abastecimiento.

¿Qué supone esto para Alicante?

El impacto para la provincia es doble. Por un lado, la agricultura alicantina, especialmente en el sur (comarcas como la Vega Baja), se verá directamente afectada por la menor disponibilidad de agua para riego. Esto amenaza la viabilidad de cultivos de alto valor económico como los cítricos, las hortalizas o las frutas de hueso, que dependen en gran parte del Tajo.

Por otro lado, los municipios y zonas turísticas del litoral también sufrirán, ya que una parte del agua trasvasada se destina a consumo urbano. La presión sobre los acuíferos locales —ya sobreexplotados— se intensificará, aumentando el riesgo de salinización y deterioro ambiental.

Este recorte llega además en un contexto de creciente incertidumbre climática y mayor frecuencia de sequías, lo que agrava las tensiones en la gestión de los recursos hídricos en el sureste peninsular.