En una ciudad que aspira a ser un referente turístico, la gestión del transporte público parece ir en dirección contraria. A partir del 1 de abril, el Ayuntamiento aplicará nuevos recortes en seis líneas de autobús urbano, aumentando el tiempo de espera para los usuarios y deteriorando aún más un servicio ya de por sí insuficiente.
Las líneas afectadas serán la 1 y la 14 de lunes a viernes, y la 3, 6, 8 y 10 durante toda la semana. En cada una de ellas se eliminará un autocar diario, reduciendo la frecuencia y complicando la movilidad, especialmente en horarios clave.
Desde el Ayuntamiento, se insiste en que estos ajustes responden a un intento de «optimizar el servicio según la demanda». Sin embargo, la decisión ya ha sido comunicada formalmente a los trabajadores, mientras que públicamente se niega la existencia de nuevos cambios. Esta falta de transparencia ha encendido las alarmas entre la plantilla, que denuncia que los recortes traerán consigo el despido de 18 conductores, aunque oficialmente «no está previsto por el momento».
Un transporte público a la deriva
El comité de empresa ha manifestado su total rechazo a la medida, defendiendo que la solución no es reducir el servicio, sino ampliarlo. Un sistema de transporte eficiente es clave para fomentar su uso y reducir la dependencia del vehículo privado, pero en lugar de avanzar en esa dirección, Alicante da un paso atrás.
Si el transporte urbano ya es insuficiente –con líneas que prácticamente desaparecen a partir de las 23:00 y una conexión con la provincia que es casi inexistente–, esta nueva reducción solo agravará el problema. Mientras se habla de sostenibilidad y de atraer turismo, se implementan políticas que contradicen esos objetivos.
¿Hasta cuándo seguirán pagando los ciudadanos y trabajadores las consecuencias de una gestión que ignora sus necesidades?
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