Seguramente, una de las mejores herencias del 15M —del que hoy, curiosamente, se cumplen quince años— no fue solo la ocupación simbólica de las plazas, sino la certeza de que cuando los derechos se ven amenazados, la ciudadanía organizada puede convertirse en una fuerza imparable. De aquella conciencia colectiva nacieron muchas cosas, pero pocas tan reconocibles como las mareas: la blanca, la verde, las que pusieron cuerpo, voz y calle allí donde las instituciones respondían con recortes, silencios o inmovilismo.
Este viernes, València ha vuelto a teñirse de verde. Miles de docentes de la educación pública no universitaria, acompañados también por alumnado, familias, AMPAS y trabajadoras y trabajadores del sistema educativo, han salido a la calle para cerrar la primera semana de huelga indefinida convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE.
La imagen no admite demasiadas interpretaciones: la comunidad educativa está diciendo basta. Basta a la precarización, basta a la falta de recursos, basta a unas condiciones laborales que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza, basta a tratar la educación pública como un campo de batalla ideológico en lugar de como un derecho básico.
Porque esta no es una cuestión menor ni debería depender del criterio particular de una persona, de una estrategia partidista o de una política parcial. La educación pública sostiene el presente y el futuro de cualquier sociedad democrática. La ven cada día los alumnos, los profesores, las madres, los padres, las asociaciones de familias, el personal de apoyo y todos los trabajadores que mantienen los centros abiertos incluso cuando las condiciones son cada vez más difíciles.
Las peticiones están ahí. La realidad también. Y cuando una marea verde llena las calles no lo hace por capricho, ni por comodidad, ni por una consigna vacía. Lo hace porque en las aulas se acumulan los problemas, porque los equipos docentes llevan demasiado tiempo sosteniendo con esfuerzo personal lo que debería estar garantizado por responsabilidad política.
Para defender la educación pública debería haber unanimidad. Y si no la hay, al menos en esta ocasión, conviene señalarlo con claridad: no es por falta de argumentos, ni por falta de evidencias, ni por falta de voces. Es por una postura inmóvil ante una realidad que ya no puede seguir escondiéndose.
Hoy la clase se ha hecho en la calle. Y quizá esa sea, precisamente, una de las lecciones más importantes que puede ofrecer la escuela pública: que los derechos se aprenden, se ejercen y se defienden colectivamente.
También en las urnas convendría pensarlo más, y mejor. Qué votamos. A quién votamos. Y qué modelo de sociedad estamos ayudando a construir cuando miramos hacia otro lado.
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