Desde una mirada crítica, el mandato de Luis Barcala en Alicante refleja una gestión marcada más por los anuncios que por la acción efectiva. Tras un largo periodo de inactividad política visible, el alcalde ha vuelto a recurrir a la estrategia de lanzar una batería de promesas que, a la luz de los años anteriores, difícilmente se concretan. Su gobierno ha acentuado la pérdida de cohesión social y cultural en la ciudad, apostando por un modelo urbano cada vez más supeditado al turismo y al negocio inmobiliario, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de los residentes.
Alicante se ha convertido progresivamente en un escenario diseñado para el visitante, no para el ciudadano. Las políticas locales han favorecido la expansión de los pisos turísticos y la especulación inmobiliaria, encareciendo la vivienda y desplazando a quienes ya no pueden permitirse vivir en su propia ciudad. Este modelo ha erosionado la identidad local y ha debilitado el tejido económico y social, generando una dependencia casi absoluta del turismo y del ladrillo.
En este contexto, las nuevas propuestas municipales —como la peatonalización de la calle San Vicente o la creación de un museo de supuesto prestigio internacional en Las Cigarreras— parecen más ejercicios de marketing político que respuestas estructurales a los problemas reales de la ciudad. Se anuncian proyectos sin planes detallados ni una visión coherente de desarrollo urbano, mientras cuestiones esenciales como la limpieza, la educación, la vivienda o el encarecimiento del coste de vida siguen sin recibir atención efectiva.
El anuncio de un Parque Agrario en las Torres de la Huerta podría interpretarse como un intento de recuperar una parte del patrimonio agrícola local, pero el proyecto se presenta sin garantías claras de sostenibilidad o de integración con el territorio. Del mismo modo, el supuesto museo internacional en Las Cigarreras se plantea en un espacio que ya desempeña una función cultural definida, lo que genera dudas sobre la coherencia y la utilidad real de esta iniciativa.
La narrativa oficial insiste en que la transformación de Alicante está en marcha y que los cambios requieren tiempo. Sin embargo, la percepción general es que las mejoras prometidas se diluyen entre los discursos y las fotos institucionales, porque tiempo ha tenido y, hasta ahora, poca realidad tangible hay. Mientras tanto, los problemas cotidianos —la suciedad en las calles, el cierre de pequeños negocios, la precarización laboral y el aumento del coste de vida— continúan agravándose.
En definitiva, el proyecto político de Barcala parece asentarse en una retórica de modernización que no se traduce en políticas efectivas ni inclusivas. La ciudad avanza hacia un modelo de escaparate turístico, cada vez más alejado de las necesidades de quienes la habitan. Y quizá esta vez, cuando vayamos a votar, debamos tener en cuenta más la realidad que vivimos, que las promesas que nos hacen.
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