Esta semana el alcalde de Alicante, Luis Barcala, celebraba unos datos que, según su lectura, suponen “buenas noticias para el empleo” en la ciudad. En concreto, destacaba que Alicante ha generado 4.946 de los 11.302 nuevos empleos creados en toda la provincia durante el último año, lo que representa el 43% del total. “Estamos liderando el crecimiento”, afirmaba, y añadía que no solo el turismo, el comercio y la hostelería están tirando del carro, sino también el sector de la logística, al que calificó como “el principal motor del empleo”.
Ahora bien, ¿qué clase de empleo se está generando? Porque hablar de cantidad sin entrar en la calidad del trabajo es mirar solo una parte —y probablemente la menos incómoda— de la realidad. Sin restar valor a los datos del Instituto Valenciano de Estadística, lo que habría que preguntarse es si esos casi 5.000 empleos en Alicante permiten hoy a una persona vivir con dignidad. La respuesta es clara: no.
Tomemos una cifra básica: el salario mínimo interprofesional en España está en 1.134 euros netos al mes, es decir, unos 1.323 euros brutos (que, por cierto, si fuera por el PP, no sería tanto). Muchos de esos empleos, especialmente en sectores como la logística, hostelería o comercio, se mueven en esa franja salarial. De hecho, en no pocos casos, incluso por debajo, si tenemos en cuenta parcialidades, horas extras no pagadas o contratos temporales encadenados.
Ahora comparemos ese ingreso con el coste real de la vida en Alicante. A día de hoy, el alquiler más barato en la ciudad, según Idealista, se sitúa en 759 euros mensuales. A eso hay que sumarle gastos fijos como luz, agua, teléfono o internet, que fácilmente alcanzan los 300-350 euros. Estamos ya en unos 1.100 euros mensuales de gastos básicos, sin contar comida, transporte, ropa o cualquier imprevisto. ¿Cómo se sobrevive con un sueldo de 1.300 euros brutos? Pues con dificultad. Compartiendo piso, aceptando jornadas interminables o renunciando a cosas tan básicas como ir al dentista o tener calefacción en invierno. Eso no es desarrollo. Es precariedad estructural.
Y sí, es positivo que se creen empleos, pero no podemos confundir “trabajo” con “progreso” si ese trabajo no garantiza condiciones de vida dignas. El supuesto “liderazgo” del que presume el consistorio no se traduce en mejoras reales para gran parte de la ciudadanía. Porque crecer en número de contratos mientras se estanca el poder adquisitivo, se cronifica la pobreza laboral y se dispara el coste de la vida, no es avanzar: es maquillarse la cara mientras el suelo se agrieta.
Decía Barcala que la diversificación del tejido productivo empieza a dar frutos. Lo cierto es que esos frutos se reparten mal, y muchos se están pudriendo antes de llegar a las manos de quienes los trabajan.
Deja una respuesta