La nueva empresa pública de vivienda, denominada Casa 47, nace con el objetivo de ampliar de forma estable el parque de alquiler asequible en España. Su nombre alude al artículo constitucional que reconoce el derecho a una vivienda digna, un principio que la entidad pretende materializar mediante contratos duraderos, precios regulados y una amplia accesibilidad económica.
La iniciativa supone un paso relevante en la construcción de una infraestructura pública de vivienda, especialmente en un contexto en el que el acceso al alquiler resulta cada vez más complicado para la población general. Sin embargo, diversos análisis coinciden en que ninguna medida será suficiente mientras no se actúe con firmeza sobre la especulación, la acumulación de inmuebles en manos de grandes propietarios y la ausencia de mecanismos que garanticen la función social de la vivienda.
Sin limitaciones claras, impuestos que desincentiven la tenencia de múltiples viviendas vacías o incluso procesos de expropiación cuando proceda, la oferta pública seguirá siendo insuficiente frente a un mercado tensionado y desigual.
Contratos de hasta 75 años y revisión periódica
Los contratos de alquiler en Casa 47 tendrán una duración máxima de 75 años, con revisiones cada 14 años para verificar las condiciones de los hogares. Esta duración busca proporcionar estabilidad a las familias y evitar situaciones de desahucio o incrementos descontrolados de precios.
Podrán solicitar una vivienda quienes perciban entre 2 y 7,5 veces el IPREM, lo que equivaldría aproximadamente a 16.800–63.000 euros anuales – otra pega, porque objetivamente, hay una gran diferencia entre las cantidades – . Aunque, con ello se pretenda responder a un problema de acceso que afecta a un amplio espectro social, no solo a hogares con rentas bajas.
Para quienes queden por debajo del umbral mínimo, se prevé el acceso mediante programas de vivienda social. Según la premisa de la empresa, los ingresos más altos deberían poder optar al mercado libre sin necesidad de vivienda protegida.
Límites al precio: máximo el 30% de la renta
Casa 47 establecerá mecanismos para garantizar que ningún inquilino destine más del 30% de sus ingresos al alquiler, un criterio recomendado por organismos internacionales para definir un alquiler asumible. Esto no implica que la construcción vaya a ser más barata, sino que la administración asumirá parte del coste para que la cuota mensual se mantenga dentro de estos márgenes.
En ciudades tensionadas, se prevé una reducción notable respecto a los precios de mercado: en zonas como Madrid, la diferencia estimada podría rondar el 38%, y en otras, como Málaga, llegar a la mitad. En municipios con menor presión inmobiliaria, el criterio será que los precios no superen los valores actuales.
A partir de 2026, un portal digital permitirá consultar todas las promociones y sus requisitos específicos. Aunque no se ha tenido en cuenta, que con 75 años de margen y tal como está la inflación, salvo que seas funcionario, nadie te asegura tener un trabajo fijo/estable todo ese tiempo.
Un aumento del parque público que no resuelve el problema de fondo
El Estado prevé nutrir la nueva empresa con un volumen inicial de recursos significativo: 45.000 viviendas, 2.400 suelos procedentes de Sareb, el desarrollo de la Operación Campamento en Madrid (10.700 viviendas), la construcción de nuevos proyectos sobre antiguos terrenos penitenciarios y el lanzamiento de una oferta pública de vivienda con un fondo de 100 millones de euros.
Aunque la magnitud de estas cifras puede resultar relevante en términos de ampliación del parque público, la experiencia internacional demuestra que la mera construcción de vivienda asequible no basta para equilibrar el mercado. Mientras los precios puedan inflarse por la especulación, mientras resulte rentable retener viviendas vacías y mientras grandes propietarios sigan acumulando inmuebles sin restricciones, la oferta pública tendrá un impacto limitado.
En ausencia de políticas más contundentes —como mayores impuestos para quienes poseen múltiples viviendas, penalizaciones efectivas a la vivienda vacía o mecanismos de expropiación en situaciones de incumplimiento de la función social— el acceso a una vivienda digna seguirá dependiendo de decisiones gubernamentales puntuales y no de un sistema estructuralmente justo y, visto lo visto, utópico.
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