Hay debates que deberían estar sellados para siempre, porque representan conquistas sociales que no admiten marcha atrás. Y, sin embargo, aquí estamos otra vez: asistiendo a cómo la derecha política, en connivencia con la ultraderecha, vuelve a poner en cuestión el derecho al aborto, como si las mujeres de este país tuvieran que justificar una y otra vez su capacidad de decidir. Es un bucle perverso, una ofensiva que pretende arrastrarnos al túnel del tiempo, devolvernos a las sombras del siglo pasado y negarnos el derecho más elemental: ser dueñas de nuestros cuerpos.
El aborto no es una frivolidad, ni un gesto irresponsable. Es, en muchos casos, la decisión más dura y consciente que puede tomar una mujer. Y justamente por eso debe ser respetada sin matices, sin condiciones y sin culpabilización. No hay nadie más legitimada para decidir sobre una maternidad que quien va a gestarla, parirla y asumirla en la vida real, con todas las cargas que conlleva. Querer arrebatar ese derecho es querer convertir a las mujeres en incubadoras forzadas, en ciudadanas de segunda, incapaces de trazar su propio destino.
Lo más escandaloso es la hipocresía. Quienes alzan la voz para limitar el aborto son los mismos que callan cuando se habla de salarios dignos, vivienda asequible, escuelas infantiles públicas, conciliación real o servicios de salud robustos. Porque traer una vida al mundo no es parir y ya está: es sostenerla, cuidarla, garantizar que crezca en condiciones de dignidad. Y en un país marcado por la precariedad laboral, la temporalidad, los alquileres imposibles y la falta de redes públicas de cuidado, pedir que las mujeres renuncien a su derecho a decidir es, sencillamente, condenarlas a la miseria y la desesperanza.
Si de verdad quisieran reducir el número de abortos, se ocuparían primero de construir un país donde ser madre no fuera una condena a la pobreza ni una carrera de obstáculos insalvables. Pero no: lo suyo no es la vida, es el control. Lo suyo no es la libertad, es la obediencia. Lo suyo no es la dignidad, es el miedo.
Por eso, como proponen las fuerzas de izquierda del Parlamento, es urgente blindar el derecho al aborto en la Constitución. No como un gesto simbólico, sino como un muro sólido frente a quienes quieren arrebatárnoslo. Porque no podemos permitir que cada cambio de gobierno, cada vaivén parlamentario, se convierta en una amenaza para los derechos más básicos de las mujeres. La libertad de decidir sobre nuestro cuerpo no es negociable.
La historia demuestra que nada se regala: cada avance ha sido fruto de la lucha organizada, de las calles llenas de voces, de la resistencia feminista. Hoy no es distinto. Ante quienes sueñan con devolvernos al silencio, la respuesta debe ser clara: no daremos ni un paso atrás. Si quieren hablar de vida, hablemos de vidas libres, dignas y autónomas. Y esa batalla no se gana rezando dogmas ni levantando muros morales, se gana garantizando derechos, igualdad y justicia social.
El feminismo nos lo ha enseñado siempre: cuando nos tocan a una, respondemos todas. Y frente al retroceso, solo cabe avanzar.
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