El edificio del antiguo Sanidad Exterior en el puerto de Alicante, que debía convertirse en el Instituto Valenciano de la Memoria, será finalmente reconvertido en un centro “multidisciplinar” sin un compromiso claro con la memoria democrática ni con la historia de las víctimas del franquismo. Con esta decisión, el actual Consell liquida de facto uno de los símbolos más importantes de reparación y reconocimiento impulsados bajo la Ley de Memoria Democrática de 2017.
La reconversión llega de la mano de la denominada Ley de Concordia, una norma que, bajo el disfraz de consenso, diluye el contenido específico y profundamente necesario de políticas públicas centradas en la memoria histórica. Lejos de apostar por la justicia y la reparación, esta nueva línea política sustituye conceptos clave por formulaciones vagas y relativistas, como “víctimas de cualquier tipo de violencia”, una frase que, si bien puede sonar inclusiva, vacía de sentido la memoria de quienes sufrieron represión y exterminio por parte del régimen franquista.
Alicante había sido seleccionada como enclave central para la Memoria en la Comunitat Valenciana, no solo por su papel histórico —última salida republicana hacia el exilio, prisión de Miguel Hernández, escenario del bombardeo fascista del Mercado Central—, sino por el compromiso institucional que ello conllevaba. Hoy, ese compromiso se desvanece bajo una operación política que, en vez de avanzar hacia una democracia más consciente de su pasado, opta por el olvido cómodo y la equidistancia tramposa.
El edificio seguirá rehabilitándose, sí, pero ya no como sede de la memoria colectiva de quienes fueron perseguidos, sino como un espacio de uso indeterminado, que pretende equiparar violencias históricas sistemáticas con cualquier tipo de conflicto o agravio, desdibujando así las causas, los contextos y, sobre todo, las responsabilidades.
La ambigüedad deliberada de esta nueva orientación no es casual. Forma parte de una estrategia política que, lejos de neutralizar los debates, los convierte en terreno para la manipulación ideológica. Equiparar memoria histórica con “enfrentamiento político” es una maniobra cínica que niega el valor de la verdad como base para la convivencia.
Por si fuera poco, la falta de coordinación institucional y el abandono de espacios simbólicos como las fosas del franquismo en Alicante, sumado a actos conmemorativos vacíos de contenido real —donde ni siquiera se menciona la autoría fascista de los crímenes—, reflejan una voluntad clara: desactivar la memoria como herramienta de justicia y reducirla a una ceremonia de apariencia neutra, pero profundamente despolitizada.
En lugar de construir una cultura democrática basada en la verdad, la reparación y el reconocimiento, se opta por reescribir el pasado en clave de ambigüedad. Y mientras tanto, los lugares de dolor, resistencia y dignidad son reconvertidos en espacios administrativos sin alma. Alicante, ciudad de memoria, parece hoy destinada al olvido institucional.
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