Un año más, las ayudas al fomento a la actividad musical del IVC son foco de la polémica. El sector musical valenciano se ha apresurado a sacar una nota de prensa criticando la primera resolución, que una vez más, parcializa la «contribución pública», primando (para variar) las propuestas de la provincia de Valencia, algo que no es de extrañar cuando el jurado lo componen 7 personas que trabajan en la ciudad del Turia (o alrededores) y que, entendiendo la objetividad que se les presupone, responden a un perfil único relacionado en exclusiva con la música clásica y el conservatorio Superior de Valencia (como si fuera el único), lo que se traslada a que propuestas de gran calidad y afluencia de la provincia como el Rabolagartija, el Maror Fest, las Nits d´estiu de Elche, el Somriu, el Maror Fest o los Conciertos del Baluarte se queden sin apoyo público. Y eso sin contar a los que han desistido de presentarse tras numerosas negativas.
La justificación será que las propuestas no se atienen estrictamente a las bases, pero a estas alturas, todos sabemos que hay matices que separan lo que la música propone y lo que la burocracia exige. Dicho lo cual, en la propia resolución los jueces literalmente dicen que «Al margen otras consideraciones puntuales relacionadas con proyectos en concreto, en general, como ya se observó en años anteriores, este año, una vez más, se advierte que muchas de las solicitudes presentadas no se ajustan a la modalidad en cuestión». Y eso, indirectamente, es como reconocer que las bases son mejorables, por que si se repite, ¿no puede ser por un error de redacción que lleve a equívoco a los solicitantes?
Al final, esto trata de dinamizar el territorio, de equiparar desajustes y de profesionalizar la música, y estas ayudas no cumplen ese objetivo, salvo para las Salas (que tienen un epígrafe específico), expertos en burocracia o músicos de orquestas, que a parte de promocionarlas en cuñas de radio, se les ayuda a la hora de renovar instrumentos, o a la hora de idear ciclos de música antigua y clásica, cuando por la cantidad de quejas que nos han llegado estos dos últimos días, son muchísimas las propuestas originales de la provincia que se quedan fuera de esa «libre competencia» que las ayudas equiparan, de alguna manera.
Todo eso por no hablar de que en el concurso «compita» el sector privado con el público (que ya tiene su particular «aval» del propio IVC, de Turismo o de la diputación que corresponda), así como el concepto abierto que la música como tal tiene, ya que aunque la etiqueta es difícil de filtrar, meter en un mismo saco el jazz, la lírica, el pop, el rock, la música renacentista o los pasodobles, con un juez que tiene una visión única y no tiene porqué conocer a La 126 o a Becarios, como yo no conozco a muchos de los que participan en el Festival de Guitarra de Petrer, pues «des-democratiza» la realidad de la música y los gestores de la Comunidad.
La realidad de todo esto debería ser proteger la música. La que no tiene suficiente público pero preserva rasgos históricos, o fomenta cosas diferentes (llámese electrónica, formación, el oboe o la guitarra clásica), pero también las propuestas que dan vida a las ciudades o permiten a las bandas tener la oportunidad de tocar (cobrando).
La música no merece esta ambigüedad. Pero todo ésto lo explica mejor el comunicado de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana. 👇
El comunicado
València, Castellón y Alicante (5 de agosto de 2024).- La Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) critica la resolución provisional de la Comisión Técnica de Valoración de las subvenciones destinadas al fomento de actividades musicales para 2024.
Se trata de unas ayudas escasas cuyos criterios de valoración siguen siendo ambiguos y no llegan a una parte importante del sector. A ojos del sector, resulta incomprensible que algunos de los ciclos musicales destacados que dinamizan cultural, económica y laboralmente nuestro territorio se queden fuera de la convocatoria debido a unos criterios que, en vez de ayudar a las empresas a que puedan desarrollar sus proyectos, les penaliza y les aparta.
Proyectos de relevancia y contrastada trayectoria que dinamizan las ciudades como Serial Parc o Nits de Vivers, así como otros proyectos más recientes como Baluarte (Alicante), Som Castelló, Área 12 o Nits Voramar se han quedado fuera de esta convocatoria por no seguir unos criterios de evaluación que resultan subjetivos, ambiguos, y no responden a la realidad del sector.
Sector público y privado compitiendo en las mismas ayudas Además, resulta ilógico que en la misma convocatoria de ayudas el sector privado esté compitiendo al mismo nivel con ayuntamientos y administraciones públicas que no corren ningún riesgo empresarial en el desarrollo de sus programaciones. En ese sentido, más de medio centenar de ayuntamientos y entidades han participado en esta convocatoria, entre las que destaca el Palau de la Música de València, que ha obtenido cerca de 50.000 euros para la organización de su ya tradicional festival de Jazz (más de 25 ediciones) y un ciclo de música religiosa que dependen del ayuntamiento de València. Desde el sector no se critica que las entidades públicas puedan recibir ayudas de otras administraciones, pero no deberían competir en la misma convocatoria que las empresas privadas.
Un sector que reivindica su importancia y pide mayor inversión Por ello, desde el sector empresarial musical valenciano se solicita al IVC el poder remodelar las bases y criterios de estas ayudas para que puedan ser más equilibradas y proporcionadas a un sector que en 2023 generó más de 12.500 puestos de trabajo al año y representó el 0,3% del PIB en la Comunitat Valenciana. El montante global de estas ayudas (2,3 millones de euros) sigue siendo muy bajo comparado al retorno que generan y presenta un gran desequilibrio si lo comparamos con otros ámbitos del sector cultural. En 2024 las ayudas a la música siguen estando 1,3 millones de euros por debajo de las artes escénicas y 3,8 millones por debajo del audiovisual. Con respecto a las ayudas bienales para mantenimiento de empresas y estructuras profesionales del sector, la cantidad máxima a la que puede optar una empresa musical es de 30.000 euros, mientras que una empresa de las artes escénicas puede llegar hasta 260.000 euros. La industria musical valenciana plantea trabajar
conjuntamente con la Generalitat y reformular las bases en función de unos criterios más
equilibrados y en sintonía con la realidad del sector.
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