Una jugada urbanística con sombras: El hospital privado de Vistahermosa y la connivencia de las administraciones
La reciente luz verde dada por la Comisión de Urbanismo al expediente de la modificación puntual número 4 del plan parcial del sector PE/APA-9, que da paso a la construcción de un hospital privado en Vistahermosa, pone de manifiesto cómo la especulación urbanística sigue prevaleciendo sobre el interés público. A través de un proceso acelerado y cargado de irregularidades, el PP y Vox han aprobado lo que podría ser una de las jugadas urbanísticas más controvertidas de los últimos tiempos, blindando el interés de una empresa privada y dejando en la sombra las necesidades reales de los ciudadanos.
Un cambio de calificación sospechoso
El expediente propone cambiar la calificación de la manzana M-15, que originalmente estaba destinada a vivienda unifamiliar, para permitir la construcción de un hospital privado. Es una jugada urbanística cuyo interés no se centra en el bienestar común, sino en abrir la puerta a más construcciones para el negocio privado. Convertir un área residencial en uso terciario-especial es una manipulación del planeamiento que parece más un premio a los intereses privados que un verdadero avance para la ciudad. Si bien es cierto que la construcción de un hospital puede parecer una mejora para la infraestructura sanitaria, lo que se esconde detrás de esta modificación no es tanto un beneficio social como un suculento beneficio económico para la empresa privada MPT Alicante.
La medida no solo implica un cambio en la calificación, sino que también se permitirá un aumento en la edificabilidad y la altura de lo que se va a construir. Y esto, por supuesto, viene con una compensación económica de 785.000 euros al Ayuntamiento, que se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. Es una cantidad irrisoria si se considera que lo que se está haciendo es ceder un espacio público para los intereses privados, una transacción que carece de transparencia y de un debate público real sobre las implicaciones a largo plazo de este tipo de operaciones.
Irregularidades al margen de la ley
Lo más escandaloso de esta operación es la manera en que la empresa responsable ha actuado al margen de la ley. MPT Alicante ya ha sido sancionada por ejecutar obras sin la debida licencia en 2022, un hecho que debería haber paralizado cualquier intento de modificación del plan urbanístico. Pero no, en lugar de imponer las consecuencias pertinentes y frenar la obra, la administración decide abrir la puerta a la regularización de una infracción flagrante a través de la modificación del plan. Esto no solo es un mensaje erróneo sobre la impunidad de los grandes intereses, sino una bofetada al cumplimiento de la normativa urbanística.
Los informes que avalan esta modificación, tanto el de Disciplina Urbanística como el de Planeamiento, alegan que el procedimiento sigue los cauces legales y es compatible con los expedientes sancionadores abiertos. Sin embargo, el simple hecho de que existan expedientes de restauración de la legalidad urbanística debería haber sido motivo suficiente para poner en pausa la tramitación de este expediente, no para continuar como si nada. Al hacer caso omiso de la infracción, las administraciones demuestran su tolerancia con aquellos que se saltan la ley, enviando un mensaje muy claro: la normativa es flexible, siempre que se trate de grandes proyectos privados.
Un interés general manipulado
El argumento de que esta modificación se realiza “en el marco del interés general y conforme a la legalidad vigente” suena a justificación vacía ante una clara vulneración de la confianza pública. ¿Cómo puede considerarse este cambio un beneficio para el interés general cuando lo que se está permitiendo es la privatización de un espacio que estaba destinado a la vivienda? No hay ninguna garantía de que los ciudadanos de Alicante vayan a salir beneficiados de esta operación, más allá de la retórica del PP y Vox sobre la creación de empleo o la mejora de la infraestructura sanitaria. De hecho, no está claro ni siquiera si este hospital privado cubrirá las necesidades del sistema público de salud o simplemente se limitará a ofrecer servicios a quienes puedan pagarlos.
La sanción: un ejercicio de teatro político
El vicealcalde Manuel Villar ha prometido una sanción «histórica y sin precedentes» por las irregularidades cometidas. Sin embargo, esta sanción suena más a un intento de limpiar la imagen de un proceso cuestionable que a una verdadera muestra de firmeza ante la ilegalidad. La historia nos ha enseñado que las sanciones a menudo quedan en nada cuando los intereses económicos pesan más que la justicia. Si la sanción es tan «histórica» como la anuncian, lo sabremos cuando realmente se imponga. Hasta entonces, todo parece ser parte de un espectáculo político que no logra ocultar el verdadero objetivo detrás de esta operación: asegurar la rentabilidad de una empresa privada a costa de la manipulación urbanística.
Más de lo mismo
Al final, lo que se esconde detrás de esta modificación del plan parcial es la misma vieja historia de la urbanización como negocio, donde el interés privado gana a costa del bien común. Las administraciones, al permitir que una empresa eluda la ley y luego legalice su infracción con una modificación del plan, están consolidando un modelo de ciudad basado en la especulación y el beneficio privado. Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando los precios de una urbanización que no responde a sus necesidades, sino a los intereses de unos pocos. La construcción del hospital privado en Vistahermosa es, en última instancia, otro ejemplo de cómo la especulación urbanística sigue siendo una de las mayores amenazas para el desarrollo verdaderamente sostenible y justo de las ciudades.
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