Alicante sigue repitiendo la misma fórmula: urbanizaciones que brotan sin ton ni son, promovidas por constructoras con garantía de rentabilidad, y dotaciones públicas que llegan tarde, como parche a una planificación deficiente. Esta vez, el gobierno autonómico ha anunciado el desbloqueo del centro de salud de Playa de San Juan, una infraestructura sanitaria largamente demandada y que, una vez más, se presenta como una concesión tardía a los vecinos que llevan años esperando servicios básicos.
El gobierno autonómico ha querido calmar los ánimos de los residentes al prometer que el centro de salud, con un coste estimado de 10,6 millones de euros, empezará a construirse en 2026. En los presupuestos de 2025 se ha asignado una primera partida de 500.000 euros, aunque, curiosamente, la cifra que aparece realmente en los documentos oficiales en tramitación es de solo 100.000 euros. Mientras tanto, el resto de la inversión se distribuiría entre 2026 y 2027, dejando abierta la posibilidad de nuevos retrasos o ajustes presupuestarios que dilaten aún más su ejecución.
El centro de salud, que se situará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, debería dar cobertura a 21.000 ciudadanos, en un barrio que sigue creciendo sin que las infraestructuras lo hagan al mismo ritmo. La promesa se suma a otras similares en la ciudad, como los centros de salud de La Torreta y Garbinet, que llevan años en trámites y apenas han comenzado a ver las primeras piedras. En la reunión con los vecinos, las autoridades insistieron en la necesidad de garantizar la equidad y la atención sanitaria, obviando que si la planificación urbanística fuera coherente, estos equipamientos se construirían en paralelo con las viviendas, en lugar de años después, como respuesta a protestas vecinales.
El problema de fondo sigue sin resolverse: Alicante es el ejemplo perfecto de cómo el crecimiento urbanístico descontrolado beneficia a las constructoras mientras las administraciones improvisan dotaciones esenciales que luego se quitan de las partidas de educación, sanidad, acción social…
La Generalitat y el Ayuntamiento aprueban la creación de nuevos barrios sin prever la infraestructura necesaria, obligando a los residentes a convivir durante años sin colegios, centros de salud o zonas comerciales. La situación se repite con cada nueva urbanización: primero se construyen edificios de viviendas y, cuando los residentes ya han comprado y se instalan, comienza la lucha vecinal para conseguir los servicios que deberían haber estado planificados desde el principio.
Las autoridades destacan que se ha presentado el presupuesto más ambicioso en materia sanitaria de la historia de la Comunitat Valenciana, pero omiten que estas inversiones son, en realidad, un parche necesario para corregir una mala gestión urbanística. Mientras tanto, la construcción sigue siendo un negocio infalible: las promotoras edifican, venden y dejan el problema en manos de la administración, que, tarde o temprano, acaba poniendo los servicios que la población exige. La rueda sigue girando, y los vecinos, una vez más, son los que pagan el precio de una ciudad mal planificada.
Beneficiando la sanidad privada
Mientras los centros de salud públicos siguen demorándose, el impulso a la sanidad privada en la Comunidad Valenciana sigue en auge. La gestión del Partido Popular ha estado marcada por concesiones a empresas privadas y una creciente dependencia de hospitales y clínicas concertadas, desviando recursos de la sanidad pública. En zonas como Playa de San Juan, donde la población aumenta constantemente, la tardanza en la construcción de centros públicos beneficia indirectamente a las aseguradoras y a los grandes grupos sanitarios privados, que ven cómo los ciudadanos, ante la falta de alternativas, recurren a servicios de pago. Esta estrategia, lejos de fortalecer un sistema sanitario universal y accesible, fomenta una brecha en la atención médica en función de la capacidad económica de los pacientes.
Las autoridades destacan que se ha presentado el presupuesto más ambicioso en materia sanitaria de la historia de la Comunitat Valenciana, pero omiten que estas inversiones son, en realidad, un parche necesario para corregir una mala gestión urbanística. Mientras tanto, la construcción sigue siendo un negocio infalible: las promotoras edifican, venden y dejan el problema en manos de la administración, que, tarde o temprano, acaba poniendo los servicios que la población exige. La rueda sigue girando, y los vecinos, una vez más, son los que pagan el precio de una ciudad mal planificada.
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