En España, los medicamentos genéricos —aquellos que se comercializan cuando expira la patente del original— cuestan un 20% más que la media europea y hasta un 60% más que en países como Suecia o Dinamarca. Esta diferencia no es anecdótica: afecta directamente al bolsillo del ciudadano, al gasto público en sanidad y, lo que es más preocupante, puede fomentar conductas de automedicación que ponen en riesgo la salud.
El modelo español actual no diferencia en precio entre el medicamento de marca y su equivalente genérico si ambos están financiados por el sistema público. Como resultado, muchos pacientes optan por el producto de marca, simplemente porque lo reconocen o porque les genera más confianza, aunque su efecto sea idéntico al del genérico. Esto rompe con la lógica de la eficiencia económica: ¿para qué escoger el más barato si me cuesta lo mismo?
En cambio, países escandinavos como Suecia o Dinamarca aplican un sistema de subastas una vez que expira una patente. Las compañías farmacéuticas compiten para ofrecer el precio más bajo, y la que gana se queda con el mercado. Esto reduce drásticamente los costes, pero no está exento de riesgos.
¿ahorro a cualquier precio?
Importar medicamentos más baratos puede suponer consecuencias indeseadas: fabricación en países con salarios bajísimos, sin garantías medioambientales o laborales. Además, la dependencia de fabricantes extranjeros podría derivar en problemas de abastecimiento. ¿Qué pasaría si, ante una crisis global, esos países dejaran de exportar?
Por eso, el Gobierno español plantea una reforma con matices: sí a la competencia en precios, pero valorando también el impacto ambiental, las condiciones laborales y la capacidad de suministro. En otras palabras, se priorizará el equilibrio: no solo el medicamento más barato, sino el más sostenible y seguro.
La propuesta contempla que el farmacéutico entregue el medicamento más barato del grupo financiado, pero si el paciente quiere otro —por ejemplo, el de marca— y es más caro, el sistema cubriría una parte del coste y el resto lo pagaría el paciente. Esto podría incentivar el uso del genérico sin limitar la libertad de elección.
Sin embargo, el debate sigue abierto. El Ministerio de Sanidad ha dado de plazo hasta el 30 de abril para recibir alegaciones y propuestas, mientras que el sector farmacéutico teme que esta medida afecte a su rentabilidad.
El peligro de automedicarse
En este contexto de precios, falta de información y desconfianza hacia los genéricos, crece un fenómeno especialmente preocupante: la automedicación. Muchos ciudadanos, ante el encarecimiento de ciertos fármacos o la confusión sobre sus equivalentes, optan por tomar decisiones por su cuenta: reutilizan tratamientos pasados, compran en internet o directamente piden “lo que les fue bien a otros”.
Esto no solo es ineficaz: puede ser muy peligroso. Un medicamento mal indicado o mal administrado puede agravar una dolencia, provocar efectos secundarios o interferir con otros tratamientos. Ni el fármaco más barato ni el más caro sirve de nada si no se usa bajo supervisión médica.
Más allá del precio: educación y confianza
Resolver el problema del sobreprecio pasa también por educar al ciudadano: explicar qué es un medicamento genérico, cómo se regula su calidad, y por qué es igual de eficaz que el original. Fomentar la transparencia, la confianza en el sistema y la consulta al profesional sanitario es tan importante como ajustar el precio.
Porque, al final, lo que está en juego no es solo el gasto farmacéutico, sino la salud de todos.
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