Lo que durante años ha sido un secreto a voces en la Comunitat Valenciana se confirma ahora con claridad institucional: el cobro de cuotas en centros concertados es una práctica extendida y generalizada que atenta directamente contra la equidad del sistema educativo. Así lo ha señalado el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en una resolución contundente que denuncia esta dinámica como un factor de segregación escolar y reclama mayor inspección y control por parte de la Conselleria de Educación.
El Síndic lanza un mensaje claro: estas cuotas —presuntamente «voluntarias»— son muchas veces una imposición encubierta que limita el acceso real de alumnado de familias con menos recursos. Todo ello en centros financiados con fondos públicos, lo que agrava aún más la injusticia. No hablamos de escuelas privadas que se financian por completo con recursos propios, sino de instituciones que reciben millones en subvenciones del erario público mientras violan el principio de gratuidad que debería regir toda la enseñanza obligatoria.
Dinero público para escuelas que excluyen
A pesar de los fondos que reciben, los centros concertados alegan que deben cobrar por actividades complementarias o por servicios esenciales supuestamente no cubiertos por la administración. Un argumento que solo sirve para justificar la mercantilización de un derecho fundamental. ¿Dónde queda entonces la función social de la educación? ¿Qué sentido tiene financiar con dinero público a centros que seleccionan a su alumnado por la vía económica?
El problema no es nuevo, pero la permisividad institucional ha hecho que se consolide. A esto se suma la preocupante respuesta de la Conselleria de Educación, que asegura haber recibido únicamente 16 denuncias en los últimos cuatro cursos. El Síndic, lejos de conformarse con esta cifra ridículamente baja, señala con acierto que esto evidencia una falta absoluta de fiscalización por parte de la administración autonómica, no una inexistencia del problema.
Educación pública: la única garante de igualdad
En contraste, la educación pública sigue siendo el único modelo verdaderamente comprometido con la igualdad de oportunidades. Sin cuotas, sin filtros sociales, sin barreras encubiertas. Frente a la lógica elitista de algunos centros concertados, la escuela pública acoge, incluye y garantiza una educación de calidad para todas y todos, independientemente del nivel de renta.
El informe del Síndic, apoyado en datos de Save the Children, revela que la desigual composición socioeconómica entre la pública y la concertada explica cerca del 21% de la segregación escolar. Un dato demoledor que refuerza la necesidad de apostar decididamente por el fortalecimiento de la red pública.
El «distrito único»: una coartada para aumentar la segregación
Lejos de corregir esta deriva, la nueva Ley de Libertad Educativa —defendida por el actual Consell— reintroduce el modelo de distrito único, bajo el disfraz de la “libertad de elección”. Sin embargo, como bien señala Luna, esta supuesta libertad puede traducirse en una mayor concentración de alumnado vulnerable en la red pública, mientras que las concertadas blindan sus puertas con cuotas, requisitos e informalidades administrativas que disuaden a las familias con menos recursos.
Pese a todo, la Conselleria responde a la resolución del Síndic negando que el pago de cuotas sea una condición de admisión y minimizando el alcance del problema. Una actitud preocupante que demuestra la complicidad institucional con un modelo que subvenciona el privilegio y castiga la equidad.
¿Hasta cuándo se financiará la desigualdad?
Si de verdad se quiere garantizar el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad, es urgente revisar en profundidad el modelo de conciertos educativos. El Estado no puede seguir desviando dinero público hacia centros que reproducen y acentúan las desigualdades sociales. Es hora de priorizar y reforzar la educación pública, la única capaz de garantizar la cohesión social y el progreso colectivo.
Mientras tanto, el Síndic hace su trabajo. Ahora le toca a la administración decidir si quiere seguir mirando hacia otro lado o enfrentarse de una vez por todas a un modelo de concertada que cada vez se parece más a un negocio privado financiado por todos.
Deja una respuesta