El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 asciende a 32.291 millones de euros, lo que supone un aumento de 2.559 millones respecto a 2023 (un 8,6% más). De este total, 2.364 millones están destinados específicamente a la reconstrucción tras la DANA. Sin embargo, más allá del triunfalismo del Consell, es necesario analizar críticamente la orientación de estas cuentas y su impacto en los servicios esenciales.
La consellera de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, Ruth Merino, ha calificado estos presupuestos como los «más importantes de la historia del autogobierno» y los ha presentado como un proyecto de «reconstrucción y consolidación del cambio». Pero, ¿qué tipo de cambio está realmente impulsando el actual Govern? Un análisis detallado muestra que este presupuesto consolida un preocupante giro hacia la derecha más radical, con una reducción del gasto en áreas clave como Sanidad, Educación y servicios sociales, mientras se priorizan otras partidas menos urgentes en un contexto de crisis.
Los datos lo dejan claro: la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio dispondrá de 577 millones de euros, mientras que la de Emergencias e Interior recibirá 267 millones. La partida de Educación, Cultura, Universidades y Empleo apenas alcanza los 244 millones, una cifra insuficiente para garantizar una educación de calidad. Peor aún es la situación de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que solo contará con 171 millones, lo que indica una preocupante falta de compromiso con las políticas de protección social.
Si bien se han anunciado inversiones en vivienda, infraestructuras y patrimonio cultural –como los 15 millones del Plan VIVE para municipios afectados y los 111,5 millones para reparación de infraestructuras públicas–, estas cantidades resultan irrisorias en comparación con la magnitud de los recortes en servicios esenciales. La inversión en educación, por ejemplo, solo contempla 57,8 millones para infraestructuras educativas, una cifra claramente insuficiente para paliar la precariedad de muchas instalaciones escolares.
El discurso del Consell intenta presentar estos presupuestos como equilibrados y sociales, pero en realidad reflejan una política de ajuste en las áreas que más afectan a la ciudadanía. Mientras tanto, se priorizan otros ámbitos menos urgentes, dejando en evidencia que la reconstrucción tras la DANA está sirviendo de cortina de humo para justificar un recorte progresivo de derechos y servicios públicos. En lugar de blindar la sanidad y la educación, el Ejecutivo valenciano está optando por una estrategia ideológica que avanza en la desprotección de los más vulnerables. Un auténtico desastre para el futuro de la Comunitat Valenciana.
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