Alicante volverá a escuchar las mascletàs de Hogueras en la plaza de los Luceros. Así lo permite, al menos por ahora, la suspensión del procedimiento judicial abierto contra el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de Fogueres por el lugar de los disparos pirotécnicos. La decisión judicial paraliza la vista prevista para el 26 de mayo, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana resuelva otro recurso sobre el mismo asunto.
Desde el punto de vista técnico, la decisión puede tener lógica: evitar resoluciones contradictorias y esperar al criterio del tribunal superior. Pero el problema de fondo va mucho más allá de este caso concreto. La justicia vuelve a situarse en un “tiempo muerto” que, en la práctica, deja a la ciudad viviendo entre la provisionalidad, la incertidumbre y el coste económico.
Porque cuando un juzgado aplaza, suspende o demora una decisión sobre un asunto que afecta a miles de personas, a fiestas declaradas de interés, a contratos, a dispositivos de seguridad, a hostelería, turismo y planificación municipal, las consecuencias no desaparecen. Simplemente se trasladan. Y casi siempre las paga alguien: el Ayuntamiento, los vecinos, los organizadores, los contribuyentes o la propia ciudad.
El debate sobre las mascletàs en Luceros no es menor. Por un lado, está la defensa del patrimonio, con la preocupación por la fuente monumental de Daniel Bañuls y los posibles efectos de las vibraciones. Por otro, está «una tradición» profundamente vinculada a las Hogueras, con miles de personas congregadas cada día y un impacto evidente en la vida festiva y económica de Alicante. Precisamente por eso, una cuestión así no debería resolverse —o no resolverse— a pocas semanas del inicio de las fiestas.
Resulta difícil exigir eficacia a las administraciones públicas, a las comisiones festeras o a los servicios municipales si después los procedimientos judiciales avanzan a un ritmo que no se corresponde con la realidad social. Una decisión tardía puede ser jurídicamente impecable y, aun así, provocar un perjuicio real. Puede no señalar culpables directos, pero sí generar daños que alguien termina asumiendo.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿quién responde cuando la lentitud judicial causa un problema evitable? En otros ámbitos, los retrasos tienen consecuencias. Si una administración no cumple plazos, se le exige responsabilidad. Si una empresa incumple, paga. Si un ciudadano llega tarde, pierde derechos. Sin embargo, cuando la demora procede de los tribunales, parece que el coste se diluye en una nebulosa burocrática donde nadie responde.
No se trata de atacar a la justicia ni de negar la complejidad de los procedimientos. Se trata de recordar que la justicia también forma parte del funcionamiento de una ciudad. Sus tiempos no son neutros. Sus aplazamientos pueden condicionar fiestas, inversiones, contratos y servicios públicos. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si el sistema judicial está a la altura de las necesidades reales.
En el caso de las mascletàs de Luceros, la parte energúmena de Alicante respira tranquila de cara a Hogueras. Habrá disparos en su emplazamiento tradicional. Pero la sensación que queda es otra: la de una ciudad obligada a organizarse siempre con la espada judicial sobre la cabeza, esperando resoluciones que llegan tarde, se suspenden o quedan pendientes de instancias superiores.
La protección del patrimonio merece rigor. Las tradiciones también merecen seguridad jurídica. Y los alicantinos merecen algo más que vivir cada año pendientes de un auto judicial de última hora.
Porque cuando la justicia no decide a tiempo, no solo se retrasa un expediente. A veces se encarece una ciudad entera. Algún día se derrumbará la fuente, y entonces, lloraremos con o sin justicia.
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