En el Ayuntamiento de Alicante, el pleno ordinario de abril se ha convertido en un nuevo episodio del desconcierto institucional. Una sesión vacía de decisiones relevantes, cargada de preguntas sin respuesta concreta y declaraciones institucionales que, en muchos casos, no pasan de ser gestos sin compromiso real. Mientras tanto, el futuro urbanístico de la ciudad, que debería despertar ilusión, sigue convertido en una especie de tómbola, donde se lanzan globos sonda y se improvisa más que se planifica.
Uno de los ejemplos más flagrantes de esta deriva es el caso del Plan Especial de Sangueta. Después de años de litigios, con una sentencia firme desde 2022 que obliga al Ayuntamiento a su desarrollo, el gobierno municipal se descuelga ahora con la convocatoria de un “concurso de ideas”. Suena bonito, incluso moderno, pero en realidad es otra vuelta de tuerca al aplazamiento. A estas alturas, y con la urgencia que impone el TSJCV, la ciudadanía lo que espera es un plan serio, con calendario y compromiso, no otro proceso abierto que puede alargarse indefinidamente sin garantías.
La edil de Urbanismo, Rocío Gómez, justifica la demora en la “complejidad urbanística” de la zona. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento ya ha consultado a la ciudadanía, ha encargado estudios a la Universidad de Alicante y aún así seguimos sin un plan definido. Se habla mucho, se promete más, pero se concreta poco o nada. La sensación es que se da palos de ciego, y que la estrategia es más reactiva que proactiva. Es como si el equipo de gobierno esperara que alguien más le resolviera el puzle mientras el reloj corre y los vecinos siguen esperando.
El caso de Sangueta no es el único ejemplo de este desgobierno táctico. La situación del CEIP La Cañada es otra muestra preocupante de la pasividad municipal. Con niños estudiando en barracones en una rambla inundable, rodeados de chatarra, el consistorio apenas consigue arrancar un compromiso débil de que «la autorización va a llegar». Mientras tanto, la indignación crece entre las familias y los vecinos, y no es para menos. El abandono institucional es tan evidente como injustificable.
Y qué decir del debate sobre el maltrato animal. Más allá de la polémica generada, lo relevante es la incapacidad del gobierno local para posicionarse con claridad en cuestiones de sensibilidad social. La respuesta ha sido una mezcla de evasión y negación, incluso frente a hechos tan graves como el ocurrido en la Albufereta. No hay liderazgo, no hay propuestas, y el rechazo a la declaración ha terminado provocando un estallido de gritos del público en el propio salón de plenos.
Mientras tanto, el alcalde Barcala lanza promesas sobre facilitar acuerdos para evitar huelgas y se aferra a proyectos como el parque de Isla de Corfú para distraer la atención. Pero incluso ahí, el retraso es evidente: dos años de parálisis en el PAU2, sin presupuestos ni fechas realistas, y con una presentación a última hora que parece más una maniobra de marketing que un compromiso firme con el barrio.
En resumen, el Ayuntamiento de Alicante sigue sin un rumbo claro. Las decisiones que deberían marcar el futuro de la ciudad se toman a golpe de parche, de improvisación y de propaganda. En lugar de un proyecto común e ilusionante, se impone el desconcierto, las excusas y una gestión que, lejos de inspirar confianza, genera frustración. Alicante merece más que esta política de titulares vacíos y concursos sin fecha. Merece planificación, responsabilidad y respeto a sus ciudadanos.
Deja una respuesta