El verano se acerca y con él, una nueva carga para los pequeños municipios del interior de la provincia de Alicante. Veintidós localidades con menos de mil habitantes han unido fuerzas para reclamar a la Diputación provincial un plan de ayudas que les permita abrir sus piscinas municipales, un servicio básico para sus vecinos y vecinas durante los meses de calor.
Estas instalaciones, lejos de ser un lujo, cumplen una función social, de salud y de cohesión en unos pueblos que, en muchos casos, carecen de alternativas de ocio o espacios públicos adaptados a las altas temperaturas estivales. Sin embargo, el coste de mantenimiento y puesta en marcha de las piscinas es inasumible para la mayoría de estos consistorios, que llevan años lidiando con presupuestos muy ajustados y personal escaso.
A pesar de esta realidad ampliamente conocida, la Diputación de Alicante sigue sin ofrecer una respuesta estructural a esta problemática. Las ayudas disponibles en 2024 han sido, en su mayoría, finalistas: fondos dirigidos exclusivamente a proyectos concretos, sin permitir su uso para gastos generales ni para necesidades excepcionales. Una política que ignora la diversidad de situaciones de los pequeños municipios y deja fuera a quienes no pueden encajar en esos moldes burocráticos.
La falta de implicación real por parte de la administración provincial ha obligado a estos 22 municipios a enviar una petición conjunta solicitando un plan específico de apoyo para sufragar los costes de funcionamiento de las piscinas. No se trata de una demanda puntual, sino de una necesidad constante y estructural que año tras año pone contra las cuerdas a estas poblaciones del interior.
La desatención institucional no solo pone en riesgo la apertura de las piscinas este verano, sino que evidencia una vez más el abandono que sufren las zonas rurales frente a las prioridades de las grandes ciudades. Mientras se llenan discursos de compromiso con el medio rural, la realidad es que se sigue sin garantizar recursos básicos que permitan mantener unos servicios mínimos en condiciones dignas.
Los municipios que han suscrito la petición son: Alcoleja, Alcosser, L’Atzúbia, Balones, Beniardà, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benimantell, Castell de Castells, Fageca, Gorga, Llosa de Camacho, Millena, Penàguila, Quatretondeta, Sanet, Tàrbena, La Vall d’Alcalà, La Vall d’Ebo, La Vall de Gallinera y La Vall de Laguar. Todos ellos comparten una misma lucha: la defensa de unos servicios públicos básicos en un entorno cada vez más olvidado por las administraciones.
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