El Ayuntamiento de Alicante, una vez más, demuestra que la memoria democrática no es una prioridad, sino un trámite que pretende despachar con gestos vacíos y fechas cuidadosamente escogidas para diluir su significado.
Se ve que no fueron a escuchar lo que Nieves Concostrina dijo hace unos meses en el ADDA y la conmemoración del bombardeo del Mercado Central —uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil, con alrededor de 300 víctimas— volverá a ser utilizada por el consistorio como un acto simbólico sin compromiso real, con un homenaje institucional separado del convocado por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un doble acto que no es casualidad: es reflejo del doble discurso de una administración que prefiere maquillar el pasado antes que enfrentarlo con rigor y respeto.
El Partido Popular, sometido ideológicamente a los postulados de Vox en cuestiones de memoria, avala con su pasividad una estrategia de blanqueamiento del franquismo. La elección de fechas distintas para las conmemoraciones no es anecdótica, sino sintomática de una política de evasión y revisionismo. Mientras se organiza un acto institucional desprovisto de contenido crítico, las fosas comunes del cementerio de Alicante siguen en estado de abandono, y las exhumaciones continúan pendientes en terrenos municipales cuya ubicación es bien conocida.
Lejos de comprometerse con la dignificación de las víctimas, el Ayuntamiento y la Generalitat —también en manos de la derecha— recortan los presupuestos destinados a la memoria democrática, ignoran proyectos ya redactados para crear un memorial digno, y bloquean con inacción toda posibilidad de avanzar. El desinterés es flagrante. El abandono de las fosas 12 y 19, donde yacen buena parte de los represaliados por el franquismo, es una afrenta directa a la historia y a la justicia que todavía esperan las víctimas.
En este contexto, la llamada “Ley de Concordia” promovida por el actual gobierno valenciano, representa un retroceso peligroso: no sólo elimina instrumentos esenciales como el Instituto de Memoria Democrática, sino que además silencia los crímenes del franquismo con una narrativa revisionista que pone en riesgo el marco europeo de derechos humanos. Una ley que, lejos de buscar el consenso, alimenta la desmemoria.
La realidad es que la historia puede tergiversarse, pero no cambiarse. A las víctimas del Mercado Central y de tantas otras atrocidades no les basta un homenaje tardío. Exigen justicia, verdad, reparación y memoria activa. Mientras el Ayuntamiento se dedica a escenificaciones sin contenido, la sociedad civil sigue siendo la única que defiende el derecho a recordar. Y a exigir lo que es justo.
Deja una respuesta