Es curioso cómo el Ayuntamiento de Alicante parece tener un enfoque ambiguo sobre la movilidad en la ciudad. Si bien la reciente campaña de vigilancia intensiva de velocidad podría tener la apariencia de una medida sensata para mejorar la seguridad vial, lo cierto es que este tipo de iniciativas están cada vez más marcadas por un claro afán recaudatorio, especialmente cuando nos fijamos en las zonas azules y los radares, herramientas que parecen más diseñadas para llenar las arcas municipales (o las de empresas subcontratadas) que para realmente promover una mejora en el tráfico.
Por un lado, el concejal de Seguridad, Julio Calero, nos habla de la importancia de reducir la velocidad para evitar accidentes y salvar vidas, sobre todo en áreas cercanas a colegios y en las vías rápidas. Todo parece muy loable, hasta que nos detenemos a observar que en vez de proponer medidas que realmente fomenten una mayor accesibilidad al transporte público, alternativas más ecológicas o que vayamos andando al cole… lo que nos encontramos es una red de radares móviles colocados en turnos de mañana, tarde y noche, con la que se garantiza, no solo la mejora de la seguridad vial, sino también un sustancioso ingreso para las arcas del municipio. A la par, las zonas azules y otras medidas similares continúan creciendo, como si el verdadero objetivo fuera recaudar más que regular el tráfico de manera coherente.
Es importante destacar que, si bien la reducción de velocidad en zonas urbanas puede ser un factor crucial para la seguridad, también es cierto que una cosa es fomentar una conducción responsable y otra muy diferente es utilizar este control de velocidad como una excusa para obtener dinero de los conductores, que si corren es por la falta de conciliación y la prisa predominante en estos tiempos de premuras sin descanso. El mismo esfuerzo que se pone en las campañas de vigilancia podría redirigirse hacia el fomento del transporte público, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad.
Además, no podemos pasar por alto que la concejalía parece más preocupada por regular los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, que por crear una infraestructura adecuada que permita que estos medios de transporte convivan de forma segura con el resto de usuarios de la vía. La campaña sobre el uso de patinetes parece más una medida restrictiva que una acción para integrar de manera efectiva estas alternativas al coche en el sistema de movilidad urbana.
En resumen, es evidente que la preocupación por la seguridad vial es legítima, pero en lugar de buscar soluciones integrales que favorezcan una movilidad más sostenible y accesible, parece que el Ayuntamiento se decanta por medidas que se enfocan más en aumentar la recaudación a través de multas que en solucionar de fondo los problemas de tráfico y movilidad. Al final, se da la impresión de que en Alicante, el objetivo de la seguridad vial está muy ligado a la rentabilidad económica, olvidando lo verdaderamente importante: una ciudad más habitable y menos dependiente del coche.
Deja una respuesta