La solución al problema de la vivienda en Alicante es evidente desde hace años: limitar los precios en las zonas tensionadas, gravar con impuestos reales a los grandes tenedores y frenar la especulación que expulsa a los vecinos de sus barrios. No se trata de prohibir licencias a medias ni de marear la perdiz con trámites interminables, sino de devolver Alicante a los alicantinos y las alicantinas. Sin embargo, el Ayuntamiento vuelve a optar por medidas cosméticas que eluden entrar en el fondo del problema.
Alicante ha dado este martes otro paso burocrático más —esta vez la aprobación en Junta de Gobierno del informe ambiental— para su llamada nueva regulación del alojamiento turístico. El expediente llegará al Pleno en diciembre para su aprobación inicial, necesaria para prorrogar por segundo año la moratoria de licencias de viviendas turísticas. Una moratoria que, como se ha visto, no impide que los precios sigan disparados ni frena a quienes ya controlan el mercado.
Medidas insuficientes y excepciones para los de siempre
El texto presume de fijar un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y de prohibir nuevas licencias en zonas “saturadas”. Pero el propio Ayuntamiento abre la puerta a excepciones para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, justo los que pertenecen a los grandes grupos que no sufren la regulación sino que se benefician de ella. Para estos, la saturación deja misteriosamente de ser un problema: se permite superar el umbral e incluso llegar a 0,32 plazas por habitante en el caso de los hoteles de tres estrellas.
Mientras tanto, los alquileres de larga duración siguen disparándose y las familias continúan expulsadas del centro y de los barrios más demandados, sin que el Ayuntamiento mueva un dedo en materia de control de precios o fiscalidad real.
El vicealcalde habla de “equilibrio” y de “vida cotidiana de los residentes”, pero la normativa presentada demuestra precisamente lo contrario: un modelo de ciudad que sigue priorizando la rentabilidad turística frente al derecho a vivienda.
El Ayuntamiento afirma que prohibir viviendas turísticas en planta baja “favorece el comercio de proximidad”. Pero ni menciona, ni parece dispuesto a atajar, el verdadero problema: la especulación inmobiliaria y el aumento desorbitado de los alquileres comerciales, que vacían los barrios y expulsan a los negocios de toda la vida. La prohibición de alojamientos turísticos en bajos puede ayudar, pero es insuficiente si no se acompaña de medidas estructurales.
La exigencia de accesos independientes en alojamientos turísticos situados en edificios residenciales se presenta como una garantía de convivencia. Sin embargo, no evita el problema principal: que cada vez hay más edificios convertidos en negocios turísticos y menos disponibles para vivienda habitual, alimentando un modelo insostenible que destruye comunidad.
En definitiva, el Ayuntamiento vuelve a optar por una regulación que parece hecha para aparentar control sin cuestionar los intereses que más han contribuido a tensionar la ciudad. Sin una política valiente que limite precios, fiscalice a los grandes tenedores y frene la especulación, Alicante seguirá perdiendo residentes mientras gana turistas. Y eso, lejos de ser un modelo de ciudad, es una renuncia.
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