La eliminación de 7.438 viviendas turísticas ilegales en Alicante por parte de Turisme puede parecer un avance, pero no es más que un parche en un problema que exige una solución estructural: la regulación efectiva del mercado del alquiler turístico. En una provincia donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio, no en un derecho, las políticas de control deben ir mucho más allá de depurar registros.
Según ha comunicado la consellera de Turismo, Marián Cano, la Comunitat Valenciana ha dado de baja 10.601 viviendas del Registro de Turismo por no tener referencia catastral, y un aplastante 70% de esas bajas (7.438) se concentran en la provincia de Alicante. La tercera fase de esta “operación limpieza” comenzará a mediados de junio, y se espera que las bajas superen las 20.000 en toda la comunidad.
Pero el problema no está solo en el incumplimiento administrativo. Está en el modelo de ciudad que se ha impuesto en Alicante: un paraíso para inversores y plataformas turísticas, y una pesadilla creciente para quienes buscan un alquiler digno para vivir todo el año.
Desde 2020, el aumento de viviendas destinadas al uso turístico ha tensionado el mercado del alquiler residencial, encareciendo los precios y reduciendo la oferta disponible. En zonas como el centro de Alicante, barrios populares como Carolinas o San Antón, e incluso municipios costeros del entorno metropolitano, se ha vuelto prácticamente imposible competir contra los beneficios que genera un alquiler vacacional.
La Conselleria celebra que ya ha dado de baja cerca de 900 pisos por no tener NIF/NIE y que ahora se avanza en la depuración de los que carecen de referencia catastral. No obstante, estos datos revelan más bien un fallo sistémico en el control previo. ¿Cómo es posible que se hayan inscrito miles de pisos turísticos sin datos básicos como el NIF del propietario o la localización catastral del inmueble?
La falta de una política urbana centrada en el derecho a la vivienda ha permitido que el fenómeno de la turistificación se descontrole. El hecho de que más de 101.200 viviendas estén registradas como turísticas en la Comunitat Valenciana –más de 34.000 en proceso de revisión– debería ser una señal de alarma, no un dato neutro.
Desde el Consell se insiste en que el objetivo es garantizar “una oferta regulada”. Pero regular no es solo limpiar un registro, sino tomar medidas valientes: limitar el número de licencias por barrio, declarar zonas tensionadas, obligar a los grandes propietarios a ofrecer parte de sus viviendas al mercado residencial, o incluso suspender las nuevas autorizaciones en áreas saturadas.
En definitiva, la depuración del registro es un primer paso, pero totalmente insuficiente frente al verdadero reto: devolver la vivienda a su función social y proteger el derecho a vivir en Alicante, no solo a visitarla.
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