El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha permitido que la Cámara de Comercio de Alicante alquile un edificio público por apenas 1.800 euros para que sus socios disfruten de los fuegos artificiales de las fiestas con vistas privilegiadas y catering incluido, todo financiado en gran parte con fondos públicos.
La terraza del edificio de la Conselleria de Innovación, en el muelle 5 del Puerto de Alicante, se convertirá entre el 25 y el 29 de junio en un palco exclusivo para el Cámara Business Club, un foro empresarial impulsado por la Cámara de Comercio de Alicante, presidida por Carlos Baño, cercano colaborador de Mazón. Allí, unos 150 empresarios disfrutarán del espectáculo pirotécnico y de un catering que pagará la propia institución cameral, a pesar de que esta se sostiene con dinero público.
El alquiler, tramitado por la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), dependiente de la Conselleria de Innovación, asciende a solo 1.800 euros por cinco noches en horario nocturno. Una cifra irrisoria por el uso de un edificio público frente al mar durante fechas señaladas. La excusa es “acciones de promoción”, aunque lo que se está promoviendo parece ser más bien un modelo de acceso elitista a lo público.
Red de favores y un sospechoso silencio
Detrás de esta operación, se repite una práctica que ya es familiar en la gestión de Mazón: el uso opaco de recursos públicos en beneficio de redes empresariales afines. El presidente de la Generalitat, que se encuentra en excedencia como director-gerente de la propia Cámara de Comercio, mantiene vínculos directos con la institución. Si algún día decide dejar la política, podría reincorporarse a la misma entidad que ahora él mismo subvenciona desde el Gobierno.
El evento en la terraza llega en plena polémica por la futura sede de la Cámara en el edificio Panoramis, propiedad del entramado empresarial vinculado al constructor Enrique Ortiz, condenado por el caso Gürtel. A pesar de que la Cámara tiene sede propia, ha optado por mudarse a un inmueble cuya reforma costará tres millones de euros, de los que la Generalitat prevé cubrir la mitad mediante una subvención directa y sin concurso público. Mazón, por su parte, ha evitado mencionar en público que esa millonaria inyección acabará beneficiando directamente a Ortiz y a su entorno empresarial.
¿Promoción o privilegio?
Lejos de cumplir una función institucional, la Cámara de Comercio se ha convertido en un vehículo para blindar privilegios empresariales bajo la apariencia de actos de “promoción económica”. Con este tipo de iniciativas, en las que lo público se convierte en escenario de ocio privado para élites empresariales afines al poder político, se borra la frontera entre lo institucional y lo clientelar.
El acto de agasajar a empresarios en un edificio público con dinero público no sólo es éticamente cuestionable, sino que refleja un modelo de gestión que prioriza los intereses de unos pocos sobre el bien común. Mientras los ciudadanos afrontan recortes, falta de vivienda asequible o listas de espera sanitarias, el Gobierno valenciano alquila terrazas públicas para fiestas privadas.
Una fiesta con sabor a Gürtel
El vínculo con el condenado Enrique Ortiz ensombrece aún más la operación. Que un empresario condenado por corrupción termine beneficiándose, directa o indirectamente, de fondos públicos mediante convenios con la Generalitat y su red institucional plantea graves dudas sobre la transparencia y la ética de la administración de Mazón.
Con esta última maniobra, el Gobierno valenciano no sólo avala el uso privado de recursos públicos, sino que lo hace premiando a los viejos actores de la corrupción urbanística, como si el pasado nunca hubiese pasado factura.
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