Este jueves por la mañana, el Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), organismo público encargado de la gestión de vivienda autonómica, tiene previsto ejecutar un desahucio en el número 4, portería 2 de la Avenida Pintor Gastón Castelló (Alicante), a las 9:00 horas. La afectada es una pareja joven, ella embarazada, con un bebé de menos de un año a su cargo.
El caso no es aislado. Desde el Sindicato de Inquilinas, advierten que muchas de sus integrantes llevan años inscritas en el registro de demandantes de vivienda sin recibir respuesta efectiva. En el mejor de los casos, las ofertas recibidas corresponden a viviendas alejadas de su comunidad y redes de apoyo, desplazando aún más a quienes ya viven en condiciones precarias.
Mientras tanto, el propio EVHA mantiene numerosos inmuebles vacíos o en estado de abandono dentro del término municipal de Alicante. En lugar de destinarlos a uso habitacional urgente y garantizar el derecho a techo a las familias vulnerables, opta por desahuciar. La comunicación con la entidad es, además, prácticamente imposible: los trámites son opacos, las oficinas inaccesibles y los responsables, ausentes de la ciudad.
Esta situación se enmarca en un contexto de creciente gentrificación y especulación inmobiliaria. La proliferación de viviendas turísticas, muchas de ellas camufladas tras perfiles anónimos en plataformas como Airbnb, agrava aún más la escasez de vivienda accesible en los barrios populares. El gobierno autonómico, lejos de intervenir para frenar esta dinámica, continúa cediendo suelo público a constructoras privadas que levantan promociones de precio inalcanzable para la mayoría.
Frente a esta política de expulsión y desprotección, el Sindicato de Inquilinas convoca a concentrarse este jueves en el lugar del desahucio para impedir que se ejecute. “Más allá de quién sea la propiedad, vamos a defender el derecho a la vivienda y el hogar de nuestras compañeras”, aseguran.
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