La reciente protesta de los afectados por los deslindes en Dénia es solo la última manifestación de un problema que viene arrastrándose desde hace más de medio siglo: la caótica y corrupta gestión del litoral alicantino. Más de 3.000 personas salieron a las calles bajo el lema «Dénia está de luto» para denunciar el proceso arbitrario de la Dirección General de Costas, que pretende expropiar viviendas construidas legalmente en su día pero ahora condenadas por una normativa que debía haberse aplicado hace años. La tragedia de hoy, viene de la falta de conciencia de otras épocas de libre albedrío. A pesar de lo cual, continúa la política errática del Estado; por otro, el despropósito urbanístico que durante décadas ha arrasado la costa con construcciones ilegales, corrupción política y un desprecio absoluto por el entorno natural.
El feísmo y la devastación del litoral: una herencia de décadas
Desde los años 50, la costa alicantina ha sido víctima de una urbanización salvaje que ha transformado paisajes vírgenes en un amasijo de cemento, torres de apartamentos sin planificación y urbanizaciones sin alma. El desarrollismo franquista, con su obsesión por atraer turismo a toda costa, permitió la construcción sin criterio de infraestructuras que violaban cualquier lógica paisajística o medioambiental. Durante la Transición y la democracia, en lugar de corregir estos excesos, se continuó con la permisividad a golpe de recalificaciones de suelo, convenios urbanísticos opacos y una red clientelar entre ayuntamientos y promotores.
Dénia no es una excepción. La urbanización de Les Deveses, ahora en el punto de mira del Ministerio para la Transición Ecológica, es un claro ejemplo de cómo se ha permitido edificar en primera línea de playa sin considerar la fragilidad del ecosistema. Se trata de viviendas levantadas sin planificación integral, en un litoral que ha sido víctima de la erosión, del avance del mar y de la inacción de las administraciones.
Un deslinde arbitrario que llega demasiado tarde
El actual deslinde, que redefine el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), no es más que otro capítulo de una larga serie de decisiones incoherentes. En lugar de haber aplicado medidas de protección desde hace décadas, se ha dejado construir para, años después, despojar a los propietarios de sus viviendas bajo la excusa de una ley mal aplicada. La propia Generalitat Valenciana, a través de su director general de Costas, Marc García Manzana, ha denunciado que el trazado del deslinde se ha hecho en «dientes de sierra», afectando a unos vecinos y dejando a otros intactos, sin ningún criterio técnico claro.
Esta decisión, además, llega tras años de promesas incumplidas de regeneración del litoral. Se han aprobado los deslindes basándose en datos previos a la rehabilitación de las playas, lo que supone un absurdo administrativo. No se puede alegar el riesgo de inundación para expropiar viviendas sin haber ejecutado antes las obras de protección que durante décadas se han postergado.
Política urbanística y corrupción: la cara oculta del problema
El problema de fondo no es solo la aplicación de la Ley de Costas, sino la corrupción que ha permitido la expansión descontrolada de la edificación en zonas vulnerables. En la provincia de Alicante, la connivencia entre promotores y administraciones locales ha sido constante, con casos de corrupción urbanística como los de Orihuela, Benidorm o Calpe. Se ha favorecido la especulación inmobiliaria, vendiendo suelo sin control y sin planificación territorial coherente.
Ahora, tras haber permitido durante décadas la degradación del paisaje, el Estado aplica una normativa de forma caótica, sin reparar en su propia responsabilidad en el desastre. Los afectados en Dénia no solo están pagando por la imprevisión de las administraciones, sino también por la irresponsabilidad histórica de un modelo de desarrollo insostenible.
¿Es posible otra costa alicantina?
Frente a este panorama, la Generalitat Valenciana plantea herramientas como la declaración de «núcleos de valor etnológico» para proteger ciertas construcciones tradicionales. Sin embargo, esta medida llega tarde y no aborda el verdadero problema: la necesidad de un replanteamiento integral de la política urbanística y de costas. Si realmente se quiere proteger el litoral, hay que acabar con la impunidad en la planificación, poner freno a la especulación y aplicar criterios técnicos serios en la gestión de la costa.
Mientras tanto, los habitantes de Dénia y de muchas otras zonas del litoral alicantino siguen atrapados entre la incompetencia de las administraciones y las consecuencias de una política de construcción salvaje que ha arruinado la belleza natural de la región. Lo que ahora se intenta corregir con deslindes forzados es solo la consecuencia de décadas de despropósitos que han convertido la costa en un escaparate de feísmo y corrupción.
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