La situación del alquiler en Alicante ha alcanzado niveles preocupantes, con una creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado desde la pandemia, agravado por un notable desequilibrio entre la oferta y la demanda. La consecuencia directa es un mercado cada vez más excluyente, donde la rapidez y la capacidad económica marcan la diferencia entre conseguir un piso o quedar fuera del sistema.
Actualmente, encontrar una vivienda en alquiler no solo implica estar pendiente constantemente de los anuncios, sino también destacar entre un número cada vez mayor de candidatos. En Alicante, por cada piso disponible compiten unas 21 personas, frente a las 5 que lo hacían hace cinco años. Aunque la ciudad aún se sitúa por debajo de la media nacional en cuanto a competencia, la tendencia es alarmante: se ha producido un incremento del 339% en la presión sobre cada oferta.
Este contexto favorece procesos de selección altamente restrictivos, donde los arrendadores priorizan perfiles económicamente solventes, con contratos indefinidos y garantías de pago. Esta «elitización» del mercado deja fuera a estudiantes, jóvenes con sueldos modestos, autónomos y familias en situación de vulnerabilidad, provocando una expulsión progresiva de sectores enteros de la población del acceso a la vivienda.
Frente a este escenario, es imprescindible abandonar la lógica del corto plazo y las políticas punitivas hacia los pequeños propietarios, que han demostrado ser ineficaces. En su lugar, se requieren medidas estructurales y valientes que promuevan un aumento sostenido de la oferta de alquiler.
Algunas propuestas concretas podrían incluir:
- Fomento de la construcción de vivienda pública de alquiler con gestión profesional y precios asequibles, orientada especialmente a jóvenes y familias vulnerables.
- Incentivos fiscales para propietarios que pongan sus viviendas vacías en alquiler de larga duración, con garantías jurídicas ante posibles impagos.
- Rehabilitación de viviendas infrautilizadas mediante ayudas públicas que faciliten su adecuación al mercado del alquiler.
- Control transparente y racionalizado de precios en zonas tensionadas, no como una imposición rígida, sino como herramienta de estabilización que se acompañe de aumento de oferta.
- Mejor regulación del alquiler turístico para evitar que siga absorbiendo buena parte del parque residencial en detrimento del alquiler convencional.
El reto de garantizar el derecho a la vivienda no se soluciona solo señalando al propietario o al inquilino. Es necesario un enfoque integral que reconozca la complejidad del mercado y apueste por soluciones sostenibles, justas y eficaces. La competitividad feroz por un piso no debería ser la norma, y mucho menos un obstáculo insalvable para quienes solo buscan un hogar.
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