La destrucción sistemática del patrimonio arqueológico en Mutxamel no es un hecho aislado, sino una muestra más del desprecio institucional que impera cuando el desarrollo económico se impone sobre la protección del legado histórico. En esta ocasión, ha sido una empresa agrícola la que, con la complicidad del silencio institucional, ha arrasado con un yacimiento de la Edad del Bronce descubierto hace años en el entorno del Juncaret.
A pesar de que los hallazgos —fragmentos cerámicos milenarios, estructuras hidráulicas, hornos de cal y otros elementos históricos— fueron documentados por arqueólogos e informados al Ayuntamiento y a la Conselleria de Cultura, ni se detuvieron las obras ni se catalogaron adecuadamente los restos. De hecho, ni siquiera se señalizó la zona. El resultado: una parcela completamente explanada y cultivada, donde se ha perdido para siempre un fragmento irrecuperable de la historia.
La negligencia es múltiple y compartida. La Conselleria nunca incorporó el yacimiento a su catálogo de bienes protegidos, a pesar de las reiteradas advertencias. El Ayuntamiento de Mutxamel, por su parte, miró hacia otro lado. Incluso hoy, con la evidencia del expolio ya consumado, el consistorio prefiere no pronunciarse y solo ha iniciado, a regañadientes, un trámite para incluir el yacimiento en un borrador de catálogo que aún no tiene validez oficial.
Mientras tanto, los movimientos de tierra, realizados sin un control arqueológico, han afectado también a zonas adyacentes protegidas, como La Torreta, declarada Bien de Interés Cultural. Los lucernarios, los diques, la mina de agua… todo ha sido alterado o destruido sin que ninguna autoridad haya ejercido su deber de custodia.
El caso ya ha sido elevado al Síndic de Greuges, una muestra del hartazgo de arqueólogos y vecinos, obligados a suplir la inacción de quienes deberían velar por el patrimonio común. Pero no se trata solo de Mutxamel: esta desidia es un reflejo de una política que, de forma sistemática, subordina la memoria histórica al interés privado. La falta de respeto de las instituciones hacia el patrimonio no es accidental, es estructural.
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