Los técnicos de Hacienda han iniciado una huelga histórica, la primera en 17 años, para denunciar que el actual modelo de gestión tributaria se ha quedado claramente desfasado. Consideran que la Agencia Tributaria sigue funcionando con estructuras rígidas y métodos propios de otra época, incapaces de responder a los retos actuales de control fiscal en un país cada vez más digitalizado. La protesta, convocada por el sindicato Gestha, incluye una gran concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid.
El colectivo denuncia que la falta de medios humanos y tecnológicos está debilitando gravemente la lucha contra el fraude. Señalan que, desde 2006, sigue pendiente la revisión de sus funciones y competencias, una reforma que debería haber garantizado una carrera profesional clara, una organización más moderna y recursos adecuados para un sistema fiscal que hoy demanda velocidad, automatización y control eficiente de enormes volúmenes de información.
Aseguran que la falta de personal agrava el problema: miles de jubilaciones recientes no han sido compensadas y los nuevos ingresos no desarrollan las mismas funciones que sus predecesores, lo que provoca desigualdades internas y pérdida de eficacia. En ocasiones, los técnicos deben asumir tareas propias de inspectores debido a la escasez de plantilla. Según sus cálculos, con un aumento del 40% en el número de trabajadores se podrían ingresar cerca de 5.000 millones de euros adicionales al año.
Los datos que manejan muestran un retroceso preocupante: las denuncias por delitos fiscales han descendido más del 80% desde 2011. Gestha sostiene que la Agencia Tributaria dedica la mayor parte de su esfuerzo al control de rentas del trabajo, autónomos o pequeñas empresas, mientras que la supervisión del gran fraude —donde se concentran las mayores pérdidas— sigue infradotada y sin la tecnología necesaria.
El sindicato recuerda que España cuenta con unos 26.000 funcionarios en tareas operativas para controlar a millones de contribuyentes, una proporción muy inferior a la media europea. Aunque existe software avanzado, la falta de personal especializado y de inversión suficiente impide su aprovechamiento real. También calculan que un refuerzo en el control del gasto público podría ahorrar otros 3.000 millones al año.
Para los técnicos, el fondo del problema es claro: el país continúa utilizando un sistema tributario pensado para una economía analógica, en la que el dinero en efectivo y la falta de registros dificultaban el control. En pleno proceso de digitalización, insisten en que una administración moderna debería automatizar procesos, reducir trámites, eliminar progresivamente el uso del efectivo y registrar todas las operaciones. Ese modelo —aseguran— permitiría cerrar la puerta al dinero negro y mejorar drásticamente la recaudación. Sin embargo, para implantarlo se necesitan inversiones sostenidas en tecnología, plantilla y reorganización interna. Y se preguntan por qué no se dota de esos medios cuando sus efectos serían tan beneficiosos para las arcas públicas.
Además, denuncian graves problemas de movilidad geográfica y funcional, que mantienen a muchos trabajadores lejos de sus lugares de origen y generan plantillas desmotivadas, vacantes sin cubrir en zonas con mucha economía sumergida y dificultad para especializar equipos. El sindicato reclama una reorganización que tenga en cuenta la experiencia y el mérito, no solo la promoción interna.
En resumen, los técnicos de Hacienda consideran que el principal obstáculo para combatir el fraude no es la falta de herramientas digitales —que existen—, sino la ausencia de voluntad para modernizar un sistema que sigue anclado en procedimientos antiguos y que no favorece la eficacia. Piden más personal, más inversión y una transformación real que permita orientar la lucha contra el fraude hacia donde más impacto tiene: las grandes fortunas y estructuras societarias complejas. Según denuncian, sin recursos adecuados, ese cambio necesario sigue sin llegar.
Deja una respuesta