Hay lugares donde la política se vuelve indecente sin necesidad de levantar la voz. Basta con mirar una cola; basta con observar a personas enfermas esperando en la calle porque el edificio que debería protegerlas se quedó pequeño hace veinte años. La indignidad empieza cuando la espera se normaliza y deja de escandalizar.
Eso es lo que ocurre en San Gabriel. El barrio no pide un milagro, pide un médico más. Pide paredes dignas. Pide que el tiempo de consulta no sea un cronómetro cruel que obligue a elegir entre escuchar o diagnosticar. No se trata de una reivindicación extraordinaria, sino de una exigencia básica de justicia sanitaria.
Los datos lo explican con crudeza: cuatro médicas para más de 1.700 pacientes cada una, con una media de edad superior a los 45 años. ¿De verdad alguien en el Ayuntamiento o en la Conselleria considera que ese modelo es sostenible? Las cifras no son simples estadísticas; son minutos restados a cada consulta, tiempo robado a cada paciente.
Ante esta situación, la Asociación de Vecinos se concentró frente al consultorio. No gritaban contra las profesionales, sino en su defensa. Son ellas quienes sostienen el sistema con agendas imposibles y una vocación que resiste. El esfuerzo recae en el personal sanitario; la responsabilidad, en la administración.
Porque la atención primaria no es un eslogan institucional, sino el cimiento del sistema. Cuando se debilita, todo lo demás se resiente: urgencias saturadas, hospitales desbordados, diagnósticos tardíos. Si cae la primaria, cae la sanidad pública.
A ello se suma un edificio anclado en 1998, pensado para otro barrio, otra población y otra presión asistencial. La realidad actual lo ha superado con creces. La obsolescencia de las instalaciones es el reflejo de años de desidia política.
La imagen de pacientes esperando en la calle debería resultar insoportable para cualquier gestor público. Nadie debería aguardar atención médica a la intemperie en un sistema que se proclama universal. Esa escena cuestiona la dignidad del sistema sanitario.
Sin embargo, ante el silencio administrativo, la Asociación acudió al Síndic de Greuges. No es dramatismo; es agotamiento democrático. Cuando la administración calla, el derecho se erosiona.
Mientras tanto, el Ayuntamiento señala a la Conselleria y la Conselleria responde con informes. El ciudadano, entre unos y otros, sigue esperando. La guerra de competencias no cura a nadie.
Deteriorar la atención primaria no siempre exige reformas explícitas; basta con dejarla languidecer. La degradación silenciosa suele ser la antesala de la privatización.
San Gabriel ha hecho lo que corresponde: reclamar. No contra quienes curan, sino contra quienes gestionan. Defender los servicios públicos es defender la dignidad colectiva.
Por eso la pregunta nunca es si hay dinero, sino dónde se decide ponerlo. El presupuesto es una declaración de prioridades morales. Cuando un barrio debe concentrarse para pedir atención médica digna, el problema es político y profundamente ético.
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