El pasado 18 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó la modificación puntual número 52 del Plan General Municipal de Ordenación. Aunque el texto se presenta bajo el título de regulación de usos de alojamiento turístico, en realidad se centra de forma casi exclusiva en la ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT), conocidas popularmente como apartamentos turísticos. Bajo una apariencia técnica y neutral, la reforma consolida un modelo que prioriza la rentabilidad turística sobre el derecho a la vivienda.
En las formas, en los tiempos y en el procedimiento, el Gobierno Local ha vuelto a evidenciar un preocupante desinterés por la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad. La ausencia de debate público real revela una preocupante pasividad institucional ante un fenómeno que está transformando de manera irreversible nuestros barrios.
Para la elaboración de esta regulación, el Ejecutivo municipal ha prescindido de la interlocución con organizaciones sociales, asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos, limitando los contactos —si los hubo— a acuerdos con patronales hoteleras y del sector de las VUT, cuyos contenidos permanecen fuera del alcance de la ciudadanía. Se refuerza así la percepción de que las instituciones escuchan más a los lobbies empresariales que a quienes sufren las consecuencias de la turistificación.
Durante el análisis de la creciente tensión habitacional derivada de la presión turística, el Ayuntamiento ha negado el acceso a informes y estudios financiados con dinero público. Meses después de su presentación, continúan sin publicarse tanto el “Estudio técnico sobre alojamientos turísticos en Alicante”, elaborado por la consultora EOSA, como el informe sobre viviendas de uso turístico de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante. La opacidad en la gestión de información pública no solo debilita la confianza institucional, sino que impide un debate democrático fundamentado en datos.
Tras anunciar en diciembre de 2024 una moratoria en la concesión de nuevas licencias de VUT, el Gobierno Local ha esperado al último pleno de 2025 para aprobar una modificación del PGOU con efectos directos sobre la vida diaria de la ciudadanía. La estrategia dilatoria evidencia una falta de voluntad política para abordar el problema con urgencia y responsabilidad.
Las contradicciones entre los diagnósticos publicados por el propio Ayuntamiento y las medidas finalmente adoptadas resultan difíciles de sintetizar. Entre los problemas reconocidos se encuentran la dificultad creciente de acceso a la vivienda para la población local, los conflictos de convivencia derivados del flujo turístico, la transformación del tejido social y el impacto sobre la industria hotelera tradicional. Sin embargo, la respuesta adoptada consiste en facilitar la expansión tanto de VUT como de nuevos establecimientos hoteleros. Se reconocen los efectos negativos, pero se profundiza en el mismo modelo que los genera.
Los límites planteados permiten, en la práctica, duplicar la presión turística en la mayoría de barrios, ignorando la realidad de zonas ya tensionadas donde residir se ha convertido en un ejercicio de resistencia económica. Además, se abren nuevas oportunidades para grandes inversores inmobiliarios. Lejos de proteger a la población residente, la normativa institucionaliza la mercantilización del espacio urbano.
Desde la plataforma crítica Alicante Dónde Vas (ADV) se defiende que otras políticas públicas son posibles: políticas orientadas a garantizar una vida digna para la ciudadanía. Esta posición no es aislada. Ciudades como Barcelona o Málaga han optado por suspender la concesión de nuevas licencias al menos hasta 2028. Mientras otras administraciones asumen medidas valientes, en Alicante predomina una preocupante inacción transformadora.
El objetivo de ADV no es frenar el desarrollo del sector turístico, sino situar a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas. Por ello, se propone una regulación basada en criterios sociales claros y verificables:
a) No conceder nuevas licencias de VUT mientras el coste medio del alquiler o la hipoteca, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. La vivienda debe dejar de ser un activo especulativo para recuperar su función social.
b) No otorgar nuevas licencias cuando, en los últimos cinco años, el precio de alquiler o compra haya crecido al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC acumulado en la Comunidad Valenciana. El crecimiento desproporcionado de precios exige límites regulatorios efectivos.
c) No permitir nuevas licencias en zonas con alta concentración de VUT, estableciendo un máximo de cinco o más plazas turísticas por cada cien habitantes. La saturación turística deteriora la convivencia y desfigura la identidad de los barrios.
d) Desarrollar un Plan Integral de VUT que no se limite a proteger intereses empresariales, sino que tenga en cuenta los servicios públicos, la presión inmobiliaria y la delimitación de zonas específicas según su nivel de tensión. La planificación urbana debe orientarse al interés general, no a la rentabilidad inmediata.
Estas medidas pueden ofrecer una respuesta más justa y equilibrada a las necesidades habitacionales de la población, al tiempo que promueven un modelo turístico basado en elementos diferenciales y sostenibles. La alternativa no es el rechazo al turismo, sino la defensa de un modelo compatible con el derecho a la ciudad.
Por ello, se han presentado alegaciones a la Modificación Puntual Nº52 del Plan General Municipal de Ordenación mediante los mecanismos habilitados por el Ayuntamiento. Las alicantinas y los alicantinos son, por tradición, una sociedad acogedora. Pero la hospitalidad no puede confundirse con la renuncia a un futuro urbano digno ni con la entrega pasiva de la ciudad a dinámicas especulativas.
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