La educación pública valenciana inicia este lunes una huelga indefinida con las posiciones entre sindicatos y Generalitat claramente enfrentadas. La convocatoria, respaldada por nueve organizaciones sindicales —STEPV, CCOO, UGT, CSIF, ANPE, CNT, CGT, COS y CSO— llega después de meses de movilizaciones, advertencias y una sensación creciente de desgaste en los centros educativos públicos.
La Conselleria de Educación insiste en que mantiene voluntad de diálogo, pero el conflicto comienza sin una fecha concreta para la primera reunión y sin acuerdo sobre los servicios mínimos, fijados unilateralmente por la administración y recurridos por los sindicatos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Más allá del pulso político, la huelga pone sobre la mesa una cuestión incómoda pero esencial: la calidad de la educación pública depende también de las condiciones de vida, trabajo y salud de quienes la sostienen cada día.
Las reivindicaciones del profesorado no son caprichosas ni exageradas. Reclaman ratios más bajas para poder atender mejor al alumnado, plantillas suficientes, sustituciones ágiles, reducción real de la burocracia, mejora de infraestructuras, recuperación del poder adquisitivo perdido y una defensa efectiva del valenciano en el sistema educativo. Es decir, reclaman tiempo, recursos y dignidad profesional. Reclaman poder enseñar sin vivir instalados en la urgencia permanente.
Durante los próximos días, previsiblemente, la Generalitat tratará de imponer su relato mediante cifras, comunicados y cartas dirigidas a las familias. Conviene leer esos mensajes con cautela. Los datos aislados pueden servir para construir una apariencia de normalidad, pero no siempre reflejan lo que ocurre en las aulas: grupos saturados, bajas sin cubrir a tiempo, equipos directivos sobrecargados, docentes agotados y centros que, en muchos casos, llevan años funcionando gracias al compromiso personal de sus trabajadores.
También habrá que desconfiar de comparaciones interesadas sobre el seguimiento de la huelga si se mezclan realidades que no son equivalentes. Esta convocatoria afecta a la enseñanza pública. No incluye a los centros privados, y la situación laboral del profesorado de la concertada responde a otros marcos y presiones. Utilizar esos datos para rebajar artificialmente la dimensión del conflicto sería, como mínimo, una forma poco honesta de leer la realidad.
La huelga generará dificultades, claro. Habrá familias afectadas, alumnado preocupado y centros tensionados. Especialmente delicada es la situación de quienes se encuentran en final de etapa, como segundo de Bachillerato, con la PAU en el horizonte. Pero reducir el debate a las molestias inmediatas sería injusto. La pregunta de fondo es otra: ¿qué futuro queremos para la escuela pública valenciana?
Empatizar con el alumnado y las familias es imprescindible. Pero también lo es empatizar con el profesorado. Con quienes corrigen por la noche, preparan clases en casa, atienden conflictos, sostienen emocionalmente a adolescentes, rellenan plataformas, informes y protocolos, y aun así siguen entrando cada mañana en el aula intentando hacerlo bien. La tranquilidad de un docente no es un privilegio: es una condición necesaria para que la escuela funcione.
Quizá esta huelga contribuya al caos durante unos días. Pero tal vez ese caos sea precisamente la forma de hacer visible el desorden estructural que ya existía antes. Porque una escuela pública sobrecargada, infradotada y sostenida a base de vocación no es una escuela fuerte: es una escuela al límite.
La Generalitat tiene ahora la responsabilidad de abandonar la propaganda y sentarse a negociar de verdad. No basta con proclamar voluntad de diálogo mientras no se concreta una mesa, ni con anunciar cifras que no resuelven el malestar acumulado. La educación pública no se defiende con comunicados, sino con inversión, escucha y respeto.
La huelga indefinida que comienza este lunes no es solo una protesta laboral. Es una llamada de atención sobre el modelo educativo que se está construyendo. Y apoyar al profesorado, en este contexto, no significa ir contra las familias ni contra el alumnado. Significa defender una escuela pública más habitable, más justa y más capaz de cuidar a quienes aprenden y a quienes enseñan.
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