La primera jornada de huelga indefinida en la educación pública valenciana ha dejado este lunes una imagen difícil de maquillar: miles de docentes llenando las calles del centro de Alicante para reclamar algo tan básico como poder trabajar en condiciones dignas y garantizar una enseñanza pública de calidad. La manifestación, multitudinaria, ha sido la respuesta más visible a meses de malestar acumulado en los centros y a una Conselleria de Educación que sigue sin asumir la dimensión real del conflicto.
La huelga, convocada por STEPV, CCOO, UGT y CSIF, ha movilizado al profesorado de la enseñanza pública valenciana en una jornada en la que, solo en la provincia de Alicante, estaban llamados al paro 28.000 docentes. Las reivindicaciones son conocidas y razonables: bajada de ratios, mejora de infraestructuras, aumento de plantillas, reducción de la carga burocrática, defensa del valenciano y recuperación del poder adquisitivo perdido durante años. No son caprichos corporativos. Son condiciones mínimas para que la escuela pública funcione.
Como era previsible, la guerra de cifras no ha tardado en llegar. La Conselleria ha situado el seguimiento de la huelga en Alicante en un 23,74% hasta las 10.00 horas, mientras los sindicatos elevaban la cifra hasta el 90% según sus datos recabados en los centros. La diferencia no es menor: revela dos relatos completamente enfrentados. Uno intenta reducir el impacto de la protesta; el otro refleja lo que se ha visto en las aulas y en las calles.
El problema de las cifras oficiales es que, una vez más, parecen diseñadas para rebajar artificialmente el alcance de la movilización. No es serio mezclar en el mismo cálculo realidades laborales completamente distintas ni utilizar a la escuela privada y concertada como colchón estadístico para maquillar el seguimiento de una huelga que nace, sobre todo, del hartazgo de la escuela pública. La privada responde a otra lógica, a otros intereses y a otro modelo educativo; y en la concertada, muchos docentes saben que ejercer el derecho a la huelga puede implicar presiones, represalias o consecuencias laborales difíciles de asumir. Presentar todo eso como si fuera un único bloque homogéneo no aclara nada: distorsiona la realidad y ofrece a la administración un porcentaje cómodo. Lo que está pasando, sin embargo, es evidente: la escuela pública valenciana ha dicho basta.
La manifestación de Alicante ha sido verde, ruidosa y contundente. Lemas como “Per una educació pública de qualitat”, “Menys ratios, més educació” o “Lo esencial es invisible a la consellera” resumían el cansancio de un profesorado que lleva demasiado tiempo sosteniendo el sistema con esfuerzo personal, vocación y paciencia. Pero la vocación no paga facturas, no reduce ratios, no arregla goteras, no climatiza aulas ni sustituye a los docentes que faltan.
Además, el seguimiento real de la huelga debe leerse teniendo en cuenta los servicios mínimos. Que haya profesorado en los centros no significa necesariamente que no haya huelga; significa, en muchos casos, que la administración obliga a mantener una parte del servicio. Por eso, cuando los sindicatos hablan de un seguimiento cercano al 88% o al 90%, están señalando una realidad que se percibe con claridad en la comunidad educativa: el malestar es masivo.
Frente a ello, la Generalitat insiste en minimizar el conflicto y en presentarse como víctima de una protesta incómoda, cuando lo que debería hacer es sentarse a negociar con seriedad. La huelga no nace de la nada. Llega después de meses de movilizaciones, advertencias y una sensación creciente de abandono en los centros públicos. También llega tras unos servicios mínimos que los sindicatos han recurrido ante la Justicia en el caso de segundo de Bachillerato.
Conviene recordarlo: defender al profesorado es defender al alumnado y no con cartas de mierda, sino con hechos. Quien exige menos alumnos por aula, más docentes, mejores instalaciones y condiciones laborales dignas no está perjudicando a las familias; está reclamando una escuela mejor para sus hijos e hijas. Como padre, secundar esta movilización no es ir contra la educación, sino a favor de ella.
La Conselleria puede seguir jugando con porcentajes. Puede intentar convertir una manifestación multitudinaria en una incidencia menor. Puede insistir en que todo está bajo control. Pero las calles de Alicante han contado otra historia: la de una educación pública cansada de esperar, cansada de promesas y cansada de que se le pida responsabilidad mientras se le niegan recursos.
La huelga indefinida empieza con las posiciones alejadas, pero con una evidencia difícil de discutir: el profesorado ha salido a la calle porque tiene motivos. Y la Generalitat haría bien en escuchar antes de que el conflicto se enquiste todavía más.
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