Alicante: el urbanismo sin alma

Hay algo profundamente inquietante en la forma en la que se está presentando el nuevo Plan General Urbano (PGU) de Alicante: a cachos… como si la ciudad pudiera entenderse a base de piezas sueltas. Una estación intermodal aquí, un hospital allá, un supuesto “pulmón verde” en el extrarradio. Proyectos que, en abstracto, parecen indiscutiblemente positivos. Pero que, juntos, revelan una ausencia difícil de ignorar: la falta de una mirada social.

Porque el problema no es lo que se propone, sino para quién se propone, y por muchos planos que acumulen, el urbanismo no es solo una cuestión de infraestructuras, es —o debería ser— una herramienta de organización social. Un plan general no puede limitarse a ordenar el territorio sin preguntarse quién lo habita y quién lo va a habitar. Y en el caso de Alicante, esa pregunta es especialmente urgente.

Hoy la ciudad vive un proceso silencioso pero constante de transformación demográfica. Aumenta la presencia de población extranjera con alto poder adquisitivo —jubilados del norte de Europa, capital procedente de Europa del Este— mientras los residentes tradicionales se ven progresivamente desplazados. No es una hipótesis: es una experiencia cotidiana. El mercado de la vivienda se tensiona, los alquileres se vuelven inaccesibles y la propiedad queda fuera del alcance de amplias capas de la población.

En paralelo, el tejido comercial pierde identidad. Donde antes había negocios locales, aparecen franquicias globales. Cafeterías homogéneas, restaurantes intercambiables, escaparates que podrían estar en cualquier ciudad europea. Alicante empieza a parecerse demasiado a todas partes y, por ello mismo, cada vez menos a sí misma.

En este contexto, resulta legítimo preguntarse: ¿a quién sirve este PGU? Una estación intermodal puede facilitar la movilidad, sí. Pero también puede consolidar un modelo de ciudad orientado al tránsito constante de visitantes, más que a la vida estable de sus habitantes. Un nuevo hospital es, sin duda, una infraestructura necesaria. Pero sin un análisis demográfico y social, cabe preguntarse si responderá a las necesidades de la población actual o a las de una población futura más acomodada y, previsiblemente, menos arraigada.

Y el llamado “pulmón verde” en el extrarradio sintetiza, quizá mejor que ningún otro elemento, la lógica del plan: espacios valiosos, pero desplazados. Como si el derecho a la calidad ambiental también estuviera externalizado. Como si, para respirar, hubiera que salir de la ciudad. Como si el bienestar no fuera un principio estructural, sino un complemento periférico.

El PGU parece asumir, sin explicitarlo, un modelo de ciudad en el que el crecimiento poblacional es un objetivo en sí mismo. Pero crecer no es lo mismo que desarrollarse. Y sin una estrategia social clara, el crecimiento puede convertirse en una forma de exclusión.

Podríamos pasarnos la tarde escribiendo preguntas en esos papeles que reparten en las presentaciones de los martes: ¿Dónde quedan, en este diseño, las familias monoparentales, los jóvenes que no pueden emanciparse, las personas mayores con pensiones ajustadas? ¿Dónde encajan quienes viven de alquiler en un mercado cada vez más especulativo? ¿Qué lugar ocupa la población que sostiene, en silencio, la vida cotidiana de la ciudad?

La sensación es que el PGU dibuja una Alicante pensada para otros. Para quienes llegan, no para quienes están. Para quienes pueden permitírsela, no para quienes la construyen (o la construyeron) día a día.

Y ahí es donde el urbanismo deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una cuestión política —en el sentido más profundo del término—. Porque planificar una ciudad -primero – es decidir quién tiene derecho a permanecer en ella.

La ausencia de un análisis sociológico en el PGU no es un descuido: es una carencia estructural. Sin ese análisis, cualquier infraestructura corre el riesgo de convertirse en un instrumento de desigualdad. Sin ese enfoque, la ciudad se convierte en un producto.

Quizá lo más preocupante no es lo que el plan dice, sino lo que no dice. No habla de arraigo. No habla de identidad. No habla de justicia urbana. En una ciudad donde cada vez es más difícil imaginar un proyecto de vida —donde nacer parece implicar, casi automáticamente, la necesidad de marcharse—, la planificación urbana debería ser una herramienta de cuidado. De protección. De equilibrio.

Pero cuando la política se vacía de contenido social, lo que queda no es neutralidad: es desafección. Y una ciudad sin proyecto social no es una ciudad en construcción. Es una ciudad en venta.