El sábado 5 de abril, Alicante se convirtió en altavoz de una urgencia compartida: el derecho a la vivienda. A lo largo de las calles del centro, desde la Plaza Manila hasta la Plaza de la Muntanyeta, unas 5.000 personas alzaron la voz contra el modelo de ciudad que, lejos de acoger, expulsa. Porque la calle, gritaron, no es lugar para vivir. Es lugar para luchar.
Acompañada por otras 40 ciudades del país, la manifestación no fue solo un acto de protesta, sino una afirmación colectiva de dignidad. Bajo el lema «Acabem amb el negoci de l’habitatge», la ciudadanía se rebeló contra la lógica perversa que convierte un derecho básico en un producto de lujo.
Los carteles no dejaban lugar a dudas: «La avaricia rompe el barrio», «Turismo = miseria», «Fuerza sindical contra el desalojo ilegal». No eran frases vacías; eran diagnósticos. El barrio de toda la vida se ha vuelto inasequible. El vecindario se disuelve ante el empuje de la turistificación, los fondos buitre y la especulación amparada —o, al menos, tolerada— por las administraciones.
La presencia del Sindicat de Barri de Carolines y la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) no fue casual. Llevan años en la trinchera, alertando de lo que ahora muchos comienzan a vivir: que sin techo no hay comunidad, y sin comunidad, la ciudad pierde el alma. Susana García, portavoz de la PAH, lo resumió sin rodeos: “No podemos seguir permitiendo que las familias se queden en la calle”.
Carlos Pastor, del Sindicat, denunció la normalización de los alquileres abusivos, los desahucios sin alternativa habitacional, y la transformación del suelo público en negocio privado. Una crítica frontal al “Plan Vive” que, lejos de solucionar, perpetúa la lógica de mercado sobre las necesidades sociales.
La movilización fue también un recordatorio incómodo para los responsables políticos. ¿Cómo es posible que en plena crisis habitacional haya viviendas vacías, mientras se recortan presupuestos y se privilegia a los inversores? ¿Cómo se justifica la inacción mientras crecen los pisos turísticos y se vacían los barrios?
El sábado en Alicante se juntaron muchas realidades. La de los jóvenes que no pueden emanciparse, la de las familias que ven cómo su renta ya no alcanza, la de los mayores que temen el próximo aviso de desahucio. Y entre todas, construyeron un mensaje: otra ciudad es posible. Una donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
No fue solo una marcha. Fue una advertencia. Porque cuando la dignidad camina junta, la ciudad escucha. Y tarde o temprano, responde.
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