Alicante crece. Llegan familias, llegan trabajadores, llegan jubilados europeos con el sol en la maleta. Se crean hogares a un ritmo que duplica la construcción de viviendas. Y, sin embargo, la política pública mira hacia otro lado, como si el mercado fuera una fuerza de la naturaleza y no el resultado de decisiones humanas. La ciudad suma vecinos más rápido de lo que construye techos.
En cuatro años se han creado más de 32.000 hogares que no encuentran correspondencia en nuevas viviendas. No es una cifra abstracta: son parejas que retrasan hijos, jóvenes que no se emancipan, trabajadores que entregan medio sueldo por un alquiler. Mientras tanto, la administración presume de visados como si el papel firmado fuera sinónimo de llave entregada. El déficit no es estadístico; es vital.
Se visan más de 9.000 viviendas en un año y se celebra el dato como si fuera una victoria. Pero la realidad es más áspera: por cada vivienda iniciada nacen dos nuevos hogares. La aritmética es implacable y la política, complaciente. No se gobierna el mercado con notas de prensa. Construir menos de lo que se necesita es fabricar exclusión.
Y luego está el silencio incómodo de la VPO. La vivienda de protección oficial, que debería ser dique y no adorno, aparece tarde, escasa y mal distribuida. En una provincia donde cuatro de cada diez viviendas son secundarias, el problema no es solo cuánto se edifica, sino para quién. Cuando la vivienda se convierte en activo antes que en derecho, la ciudad se vacía de ciudadanos.
Los precios han alcanzado máximos históricos. Más de 2.700 euros el metro cuadrado y subiendo. Desde 2019 la vivienda se ha disparado casi un 80%, mientras los salarios avanzan a paso corto. El resultado es previsible: quien vive de su trabajo compite en desigualdad con quien compra para invertir o pasar el verano. El mercado aprieta más que las nóminas.
Se repite que Alicante es un mercado tensionado por su atractivo internacional. Como si el éxito turístico justificara el fracaso residencial. Como si el comprador extranjero fuera una coartada y no un factor que exige regulación inteligente. La política local no puede limitarse a diagnosticar; debe decidir. El atractivo exterior no puede pagarse con la expulsión interior.
La vivienda pública debería actuar como contrapeso, como garante de estabilidad, como red de seguridad. Pero en Alicante la VPO es episódica, insuficiente, casi simbólica frente a la magnitud del desajuste. No hay una estrategia sostenida, solo impulsos. Sin un parque sólido de vivienda protegida, el mercado dicta la ley.
Al final, la pregunta es simple y brutal: ¿para quién se está construyendo Alicante? Si la respuesta no incluye a los jóvenes, a las familias trabajadoras, a quienes sostienen los servicios y el comercio, entonces la ciudad se convertirá en escenario y no en hogar. Una ciudad que no puede habitar su propia gente deja de ser ciudad y se convierte en escaparate.
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