Alicante vuelve a estrenar cifras récord: 367,3 millones de euros de presupuesto para 2026, un 5,8 % más que el año anterior. Sobre el papel, una ciudad que incrementa así su capacidad económica podría aspirar a transformarse, modernizarse y corregir desigualdades. Sin embargo, el aumento de las cifras no siempre se traduce en un aumento de calidad de vida. Y en este caso, el contraste entre el volumen del presupuesto y la realidad urbana es difícil de ignorar.
El relato oficial insiste en que la ciudad continúa “transformándose”. Pero el día a día de muchos barrios parece avanzar en sentido contrario. Las últimas políticas municipales han contribuido, durante años, a que vivir en Alicante —especialmente en el centro— sea un privilegio reservado a cada vez menos personas. Los precios y la falta de vivienda accesible han expulsado a centenares de vecinos hacia otras zonas, mientras la brecha territorial se ensancha sin que los presupuestos logren revertirla.
El presupuesto, en teoría, es el espejo de un proyecto de ciudad. Y cuando ese espejo solo refleja intenciones repetidas, sin concreción, la crítica resulta inevitable. Pese al incremento global, las inversiones caen a 19,6 millones, menos de lo previsto el año anterior. Esa reducción se maquilla con partidas “provisionales” de un euro —auténticos cajones vacíos a la espera de modificaciones futuras— que perpetúan la sensación de que Alicante vive encadenada a proyectos eternamente anunciados y nunca terminados.
Mientras tanto, la ciudad sigue sin un impulso real hacia más zonas verdes, hacia la recuperación del horizonte 2030 o hacia políticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los números no reflejan un compromiso claro con la modernización urbana, la accesibilidad o la sostenibilidad. Parecen más bien una manta hecha de retales: parches sobre parches que suman gasto pero solucionan poco.
Es cierto que aumentan algunas partidas —limpieza, mantenimiento, juventud, mayores— y nadie cuestiona la importancia de esos servicios. Pero el aumento del gasto corriente, por sí solo, no genera futuro. La ciudad necesita planificación, visión y proyectos capaces de transformar su estructura urbana, no únicamente atender su inercia.
Alicante vive desde hace demasiado tiempo instalada en un modelo que se limita a administrar lo existente sin repensar nada. Y cualquier presupuesto que no aborde esta carencia estructural solo consigue perpetuarla. No se trata de gastar más; se trata de gastar mejor. De invertir —de verdad— en equipamientos, espacios públicos, barrios que necesitan ser cosidos al resto de la ciudad, en vivienda asequible que frene la expulsión de quienes llevan años sosteniéndola.
Incrementar el presupuesto no convierte automáticamente a Alicante en una ciudad más justa ni más moderna. Sin una hoja de ruta clara, sin compromisos reales y sin capacidad de ejecución, las cuentas de 2026 corren el riesgo de ser un nuevo catálogo de intenciones sin impacto tangible.
La ciudadanía merece algo más que cifras que brillan sobre el papel. Merece que esos 367 millones se traduzcan en efectos visibles: verde donde ahora hay cemento, servicios donde hay carencias, cohesión donde hay desigualdad. Y, sobre todo, merece que el presupuesto deje de ser un ritual anual de promesas recicladas para convertirse en una herramienta que marque un rumbo claro.
Alicante necesita menos anuncios y más ciudad.
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