A raíz de la denuncia de una alicantina por el embargo de su cuenta por el gasto de un rescate en un intento de suicidio que no puede afrontar, voy a animarme yo a hacer pública una situación que estamos sufriendo numerosos «freelances» de la cultura.
Expongo mi caso con cifras concretas, pero no soy el único… porque la reclamación de la que yo os cuento una parte de los 260.000 casos que se han dado en España.
Como sabréis, en 2020, durante el Confinamiento, el Gobierno español aprobó una serie de ayudas a los autónomos que, por razones obvias, no podíamos llevar a cabo nuestro trabajo. En mi caso, no haría falta justificarlo, pero cerrados los teatros, las casas de cultura y suspendidos los festivales , por ejemplo, mis ingresos de marzo a septiembre de 2020 fueron exactamente: 1080€ (+IVA), pagando las cuotas de autónomo de julio, agosto y septiembre (casi 900€), lo que me dejaría 180€, en totoal, para vivir esos 6 meses.
4 años después, y sin notificación efectiva alguna, mi cuenta fue embargada porque, unilateralmente (con la Seguridad Social, que es quien tiene los datos que digo haciendo la vista gorda), Asepeyo procedió a reclamarme el importe de los cuatro meses de ayuda que recibí por el parón en mi actividad. En total, algo más de 2500€, que con «intereses de demora», se han ido a más de 3000€.
Como, aunque ellos no lo entiendan, los profesionales de la cultura vivimos al día, en el último año y medio, mientras mi asesoría procedía a recurrir, me han ido congelando 145€ al mes que han ido retirando de mi cuenta a su antojo con una notificación, que no es efectiva, porque la siguen remitiendo a un domicilio, que oficialmente cambié en 2022 (como podrían haber comprobado si entre el SAIC de Alicante, Hacienda, la Seguridad Social y la empresa en cuestión hubiera un mínimo de comunicación).
El 28 de noviembre, sin previo aviso, decidieron que era un buen momento para saldar toda la deuda, sin esperar a resoluciones, sin aviso, sin mediación de nadie… vamos, lo que en la España más castiza se conoce como «por mis cojones».
El 01 de diciembre, me encontré la cuenta congelada y no pude pagar el alquiler, lo pagué, porque todavía hay gente que me quiere. Y el día 12 me toca renovar los permisos de la web (356,95€) que tampoco puedo transferir desde mi cuenta.
En teoría la resolución sale mañana miércoles, 11 de diciembre. Lo que no implica un descongelamiento automático. Lo que hace que me arriesgue a perder mi medio de vida actual, por una reclamación de una empresa que gana al año millones de euros, entre otras cosas, recibiendo subvenciones públicas, justamente, para paliar este tipo de injerencias.
Sigo sin entender qué hace falta para justificar mi cese de actividad en una época en el que todas mis fuentes de ingresos estaban paradas. Se entiende menos, que esa obviedad me requiera un gasto en gestorías y abogados, que yo no debería estar teniendo, por no hablar de todo el daño psicológico y el gasto de tiempo que me está implicando esta situación surrealista que ya se alarga más de un año.
Una más, de este binomio maldito que surge de ser autónomo en España y querer dedicarse a la cultura siendo legal y facturando absolutamente todos los trabajos que hago.
El resultado, es ese. Que, al final, una medida gubernamental, tiene vacíos legales que llevan a que una empresa, o muchas empresas buitre parecidas, tomen decisiones unilaterales, generando problemas a ciudadanos que, simplemente, buscamos ganarnos la vida dignamente. El capitalismo en crudo y la indefensión del débil en esta sinrazón que hace de la burocracia un cuento de nunca acabar.
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