El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 llega envuelto en cifras récord —7.000 millones de euros— y en titulares sobre blindajes y ayudas, pero lo que deja en evidencia es hasta qué punto se ha permitido que el problema de la vivienda se descontrole durante años. Celebrar ahora como un avance impedir la privatización de la vivienda pública evidencia hasta qué punto se ha llegado demasiado lejos.
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Porque un Estado está para garantizar derechos, no para reparar a posteriori los destrozos de décadas de especulación, desregulación y venta de patrimonio público. Tener que blindar por ley la vivienda protegida es el reconocimiento de un fracaso político sostenido. Y ese fracaso tiene responsables.
Desde el movimiento por la vivienda se lleva años denunciando cómo se han construido millones de viviendas públicas que hoy ya no lo son. Dinero de todos convertido en negocio para unos pocos. El compromiso de que “ni un euro” vuelva a alimentar ese ciclo llega tarde para toda una generación expulsada del acceso a la vivienda.
Las ayudas a jóvenes, la rehabilitación o la movilización de vivienda vacía son medidas necesarias, pero insuficientes si no se afronta el problema de raíz: un mercado tensionado, dominado por intereses especulativos y con precios completamente fuera del alcance de la mayoría social. Sin intervención estructural, no hay emancipación posible, por mucho que se amplíen los bonos.
Y en este contexto, resulta especialmente llamativa la actitud del Partido Popular. Incapaz de sostener un criterio propio en materia de vivienda, se limita a oponerse sistemáticamente a cualquier iniciativa del Gobierno sin ofrecer alternativas reales. Una oposición automática que bloquea soluciones y evidencia la falta de proyecto en un problema central.
La vivienda no puede seguir siendo un campo de batalla partidista ni un activo financiero. Es un derecho básico. Garantizar que nunca más se repita el saqueo del parque público debe ser el punto de partida, no el titular.
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