La proliferación de apartamentos turísticos en Alicante —que han crecido diez veces más que las plazas hoteleras en el último año— ha encendido las alarmas sobre las consecuencias sociales y urbanísticas de un fenómeno que sigue sin un control efectivo. Una laguna legal en la normativa autonómica permite que los propietarios ofrezcan sus viviendas en alquileres de más de diez días, aunque, en la práctica, la estancia real de los clientes suele ser inferior. Esta práctica elude los requisitos y controles previstos para el alquiler turístico, convirtiéndose en una vía para sortear la regulación.
Esta situación ha generado un mercado opaco donde se diluyen las líneas entre el alquiler turístico y el de media estancia, provocando una creciente tensión en los barrios. Vecinos denuncian el deterioro de la convivencia, la pérdida de comercio local y la conversión de edificios residenciales enteros en alojamientos para turistas. La presencia de cajetines con llaves en las fachadas —una práctica no autorizada— se ha convertido en símbolo de esta transformación urbana no regulada.
Diversos colectivos reclaman una reforma normativa que cierre estos vacíos legales, aumente las inspecciones, y armonice el registro autonómico con el estatal. También se señala la necesidad de proteger a los residentes frente a la presión especulativa que empuja a muchas familias a abandonar sus viviendas, ante ofertas destinadas a reconvertir los inmuebles en alojamientos turísticos.
Además, se denuncia la falta de transparencia sobre los datos del sector y las sanciones aplicadas a viviendas irregulares, lo que dificulta el seguimiento real de un fenómeno que impacta directamente en el acceso a la vivienda y en la cohesión social de los barrios.
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