La provincia de Alicante se enfrenta a un serio problema de falta de control en el mercado de las viviendas de uso turístico (VUT), lo que está alimentando la especulación inmobiliaria y agravando la tensión sobre el acceso a la vivienda. A pesar de ser el segundo territorio de España con más anuncios en plataformas como Airbnb, más de la mitad de estas propiedades (un 56,8%) no incluye el número de licencia turística en sus anuncios, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad y transparencia.
Este porcentaje supera con creces la media nacional del 38% de anuncios sin número de licencia visible, y sitúa a Alicante entre las provincias con menor cumplimiento normativo. Frente a este escenario, otros territorios como Andalucía o Cataluña muestran niveles mucho más altos de transparencia, con hasta un 96,3% de cumplimiento. Esta disparidad evidencia que el problema no es tanto de los propietarios, sino de la falta de capacidad y voluntad de las autoridades para fiscalizar y hacer cumplir la normativa.
La ausencia de licencias visibles no necesariamente implica ilegalidad, pero sí representa una clara señal de alarma sobre la magnitud de la oferta no regulada, que contribuye a distorsionar el mercado del alquiler y a expulsar a los residentes de sus barrios. La especulación se beneficia del vacío legal y del escaso control institucional, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias en forma de precios inflados y escasez de vivienda accesible.
El informe de la empresa Mabrian, basado en análisis de datos e inteligencia artificial, destaca que la falta de control es un factor determinante en el cumplimiento normativo. No hay apenas diferencias entre tipos de propietarios en cuanto a la publicación de licencias; lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de supervisión de las administraciones. Regiones como Ibiza o Menorca han comenzado a cruzar datos y a actuar, demostrando que cuando hay voluntad, se pueden detectar y sancionar las irregularidades.
A nivel nacional, el Ministerio de Derechos Sociales ha intervenido bloqueando más de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, alegando principalmente tres motivos: la ausencia de número de licencia, la falta de información sobre la identidad legal del arrendador y el uso de números falsos que pueden inducir a error al consumidor. Estas infracciones son reflejo de un sistema en el que la autorregulación de las plataformas no funciona y las normativas locales no se hacen cumplir con eficacia.
En este contexto, Alicante necesita urgentemente fortalecer sus herramientas de control y regulación. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo paradigmático del colapso regulatorio en el turismo residencial. La opacidad en el mercado no solo favorece prácticas abusivas y fraude fiscal, sino que también erosiona la confianza ciudadana y agrava una crisis habitacional que ya se deja sentir con fuerza en muchas zonas de la provincia.
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