El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha reaccionado por fin —y con notoria ambigüedad— a la demoledora sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con más de 300 millones de euros a la familia Murcia Puchades por el fiasco urbanístico de Serra Gelada. Una cifra descomunal que duplica el presupuesto municipal anual y que coloca al consistorio al borde del colapso financiero.
Lejos de asumir responsabilidades políticas por una gestión claramente fallida, Pérez se ha limitado a repetir la palabra “tranquilidad” durante su comparecencia pública, en la que no ha anunciado medida concreta alguna. Es más, ha descartado incluso preparar el pago de la indemnización, al considerar que se trata todavía de un “futurible”. Una actitud que muchos consideran una muestra de negación de la gravedad del asunto.
El alcalde ha intentado escudarse en que el Ayuntamiento siempre ha actuado siguiendo los informes técnicos y el respaldo del Consell Jurídic Consultiu, así como sentencias previas favorables. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: el Supremo ha tumbado definitivamente esa línea de defensa y ha dejado en evidencia una cadena de decisiones políticas que ahora costarán centenares de millones a las arcas públicas.
Desde la oposición, la portavoz socialista Cristina Escoda ha sido tajante: “Toni Pérez debe pedir disculpas y dimitir”. Ha calificado la situación como una “quiebra técnica” que podría abocar al cierre del Ayuntamiento, y ha criticado duramente que el gobierno local se haya negado a abrir una vía de diálogo con los propietarios del terreno, a pesar de que todavía existe margen para la negociación, según el abogado de la familia Murcia Puchades.
Lo que está en juego no es solo una cantidad multimillonaria, sino la propia viabilidad del Ayuntamiento y la confianza ciudadana en una gestión que, a juicio de muchos, ha sido temeraria y arrogante. Mientras tanto, Benidorm espera —sin respuestas ni soluciones claras— que quienes provocaron este desastre den la cara.
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